Tal planteamiento busca que, en caso de sentencia, los inculpados no enfrenten penas acumuladas por dos tipos penales distintos.

Sin embargo, la Fiscalía General insiste en que las infracciones deben considerarse de manera separada.

La discusión jurídica será evaluada esta semana por la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF).

Cinco magistrados decidirán si condenan o absuelven a los ocho acusados del grupo uno, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro y el general Walter Braga Netto.

Las sesiones se extenderán desde mañana hasta el viernes, dada la expectativa de votaciones largas y complejas.

Se prevé que los debates incluyan ejemplos internacionales y referencias a decisiones previas del tribunal sobre la tipificación de ambos crímenes.

El Código Penal brasileño distingue entre los delitos. La abolición del Estado Democrático de Derecho tiene penas de cuatro a ocho años de prisión, mientras que el golpe de Estado puede alcanzar de cuatro a 12.

Para los abogados defensores, ambos encuadres corresponden a la misma conducta y aplicar dos sanciones sería un castigo doble.

La Fiscalía General, en cambio, sostiene que hubo intenciones diferenciadas y ejemplos concretos que los separan. El fiscal general Paulo Gonet citó la manipulación del proceso sucesorio por parte de la Policía Federal de Carreteras, como ejemplo de golpe de Estado.

En marzo, el juez Alexandre de Moraes, del STF, ya había señalado que los tipos penales no son equivalentes.

La defensa pidió, asimismo, que la destrucción de bienes protegidos se incorpore a la categoría de daños comunes. Según los juristas, esta mudanza reduciría el impacto de una eventual condena.

En septiembre de 2023, el pleno del STF había condenado a acusados por ambos delitos de manera acumulada. El reglamento cambió después y, ahora, las salas son responsables de los juicios penales.

Dos magistrados, Luís Roberto Barroso y André Mendonça, ya defendieron antes la tesis de unificación, pero sus posiciones no prosperaron.

La decisión que adopte la primera sala en los próximos días será clave para definir el rumbo de este histórico proceso.

El caso, que mantiene en vilo a la opinión pública y al sistema judicial, podría tener consecuencias de gran alcance.

Dependiendo del fallo, previsto para conocerse el 12 de septiembre, Bolsonaro podría enfrentar sanciones penales que llegarían a 43 años de cárcel y quedar inhabilitado políticamente, agravando su ya delicada situación legal.

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