En este proceso, el extitular de Gobierno y rostro más visible de la represión durante la Administración de Jeanine Áñez (2019-2020) ya cuenta con una sentencia de cinco años y cuatro meses de prisión por la adquisición irregular de equipos antidisturbios para reprimir a quienes reclamaban el retorno de la democracia tras el derrocamiento en noviembre de 2019 del expresidente constitucional Evo Morales.

Prevista inicialmente para este domingo, la audiencia fue postergada debido a errores en el procedimiento de notificación, y se desarrollará este lunes de manera virtual.

El expediente Gases Ecuador es uno de los más de 15 procesos judiciales que enfrenta Murillo, de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público.

Tras cumplir una condena de cinco años en el país al que huyó de la justicia boliviana tras el triunfo del presidente Luis Arce en 2020, Estados Unidos, Murillo fue deportado por el servicio migratorio de esa nación hacia el Estado en el cual cometió sus ilícitas.

Aprehendido a su llegada por el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, recibió una segunda orden de detención preventiva en el penal de San Pedro, en el contexto del caso denominado Catering, en el que se le acusa de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

De acuerdo con los antecedentes del proceso, el caso se remonta al año 2019, cuando Murillo, en su calidad de ministro de Gobierno, habría favorecido de forma irregular a un empresario de su entorno para la provisión de servicios de alimentación a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

La nueva medida cautelar se suma a la detención preventiva que ya cumple desde el sábado último por el caso Gases del Brasil, con lo cual suma dos órdenes de reclusión.

Sobre este último proceso, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, confirmó este domingo que Murillo no devolvió los recursos económicos relacionados con el caso Gases del Brasil, en el que se identificó un daño al país superior a los dos millones de dólares.

Anunció Condori en entrevista concedida al canal estatal Bolivia Tv que, una vez se ejecuten las sentencias correspondientes, se activará una demanda de reparación civil.

La autoridad explicó que el caso Gases Brasil se refiere a una contratación irregular para la adquisición de agentes químicos, en la cual ya existen observaciones previas por parte de la Contraloría General del Estado, particularmente sobre un presunto sobreprecio que ocasionó el millonario daño económico.

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