Con esta decisión, Bolsonaro podrá salir de su domicilio el domingo, escoltado por la Policía Penal, para acudir al centro sanitario privado.

Tras el procedimiento, que se realizará en su piel, el exmandatario deberá presentar un certificado de salud en un plazo de 48 horas.

«Concedo el traslado de Jair Messias Bolsonaro, bajo escolta policial de la Policía Penal del Distrito Federal, para que el solicitante pueda someterse al procedimiento médico solicitado», dictaminó el juez.

El 4 de agosto, De Moraes ordenó la reclusión en casa del exgobernante (2019-2022) y restringió las visitas al domicilio de Bolsonaro, quien también es monitoreado mediante un brazalete electrónico en el tobillo.

Tal decisión emergió después de que el ministro concluyera que Bolsonaro utilizó las cuentas de redes sociales de sus hijos para eludir la prohibición, incluso a través de terceros.

Las medidas cautelares se dictaron dentro del marco de la investigación contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien está siendo indagado por sus acciones junto con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para promover represalias contra el gobierno brasileño y los jueces del STF.

En marzo, el descendiente del político ultraderechista se ausentó de su escaño parlamentario y se trasladó a Estados Unidos, alegando persecución política.

Bolsonaro está siendo investigado en este caso por enviar fondos para financiar la estancia de su hijo en el extranjero.

Este jueves, el STF encara una sesión crucial: los votos de los jueces Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin decidirán si el expresidente es condenado por intento golpista o prosperan maniobras dilatorias.

De confirmar la condena en la primera sala del STF, Bolsonaro y siete de sus principales aliados quedarán responsabilizados por el complot violento que buscó revertir las elecciones de 2022.

La votación ya cuenta con dos apoyos firmes a favor de la culpabilidad, de De Moraes y el ministro Flávio Dino.

Sin embargo, la víspera un giro inesperado alteró el escenario. El magistrado Luiz Fux, de quien se aguardaba un voto condenatorio, sorprendió al pedir la anulación del proceso, alegando que el caso debería ser juzgado en primera instancia y no en el Supremo.

Propuso incluso que, de mantenerse en la corte, sea revisado por el pleno y no por una sala, lo que abrió un flanco de incertidumbre en un juicio considerado histórico.

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