Dirigentes sindicales, médicos, profesores, estudiantes, campesinos, indígenas y representantes de otros sectores sociales protestaron el jueves en Quito y en otras ciudades del país en rechazo a la gestión del Ejecutivo.

La mayoría llevaban banderas y carteles con mensajes contra el mandatario en reclamo de atención a la crisis en la salud, la educación, la seguridad y el empleo.

La movilización en la capital terminó con represión policial, hubo desde bombas de humo hasta empujones a la prensa.

La presencia de cientos de personas en las calles se dio luego de que en la mañana el mandatario liderara otra multitudinaria marcha en Guayaquil por la seguridad y la paz.

Nelson Erazo, del Frente Popular, precisó que los grupos sociales demandan que se resuelvan los problemas del país y contrasta con la movilización convocada con recursos del Estado que busca simplemente “ponerse en sintonía con el ego de un dictadorzuelo”.

Aquella fue una marcha de 15 minutos que costó cinco millones de dólares, pagada, con chantajes, con recursos del Estado, pagando a gobernadores, buses, amenazando que no van a dar los bonos sociales que van a despedir a los servidores públicos, opinió Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

En el acto oficialista, Noboa criticó nuevamente a la Corte Constitucional por frenar parcialmente leyes de su interés y descartar preguntas que él pretendía incluir en una consulta popular prevista para este año.

“Quieren estar del lado de los narcotraficantes, quieren estar del lado de los criminales. Tenemos que levantar nuestra voz y exigir en las urnas cuál es la dirección de este país, sin posturas ni extremismos”, expresó el gobernante.

Ante el rechazo de la Corte a varias de las interrogantes que Noboa quería incluir, el Ejecutivo envió otro bloque de interrogantes que generaron polémica.

La semana en Ecuador cerró con la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel, una medida que organizaciones sociales, indígenas, estudiantes, políticos y ciudadanos catalogan como un “paquetazo neoliberal”.

El valor del diésel pasó de 1,80 dólares a 2,80 dólares por galón, una acción que según la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, forma parte de una política de ajuste destinada a “cerrar brechas sociales”.

Si bien la administración dio a conocer otras medidas para mitigar el impacto de la decisión, las críticas apuntan a que dejar sin subsidio al diésel responde a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e impactará directamente en el costo de vida.

Eso se suma al alza progresiva de las gasolinas Extra y Ecopaís, de bajo octanaje, bajo el sistema de bandas, que esta semana subieron 13 centavos y están disponibles a 2,87 dólares por galón en medio de crecientes cuestionamientos al Gobierno sobre el impacto social de su política económica.

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