Durante una entrevista con la Red Uno afirmó que «estoy en México, pero vuelvo el jueves».

Aclaró que la más importante corporación estatal boliviana no se puede manejar desde el extranjero y que, por esta razón, durante su ausencia, su cargo lo ejerce el vicepresidente de YPFB.

La autoridad informó que está de vacaciones por unos días para atender «algunos asuntos personales» y reiteró que no ha viajado a Paraguay en meses, ni tiene planes de hacerlo.

«Decir que estoy en Paraguay es tratar de seguir ensuciando y politizando una investigación de una empresa (Botrading) que se creó para hacerle bien a todos los bolivianos», consideró.

La aclaración surgió después que un diputado opositor denunció que, supuestamente, algunas autoridades del Gobierno estarían saliendo del país para evadir acciones legales por supuestas irregularidades cometidas en sus cargos.

El viernes último, la Cámara de Diputados aprobó en su sesión ordinaria 160 el informe final de la Comisión Especial que investigó presuntas irregularidades en el suministro de combustibles por parte de la subsidiaria Botrading a YPFB.

“Queda aprobada la resolución camaral concerniente al informe emitido por la comisión especial de investigación (…), póngase en conocimiento de las instancias correspondientes”, afirmó el presidente de la cámara baja, Omar Yujra.

El documento recomienda remitir los antecedentes del caso a la Contraloría General del Estado, que en caso de identificar indicios de responsabilidad podrá enviar la documentación al Ministerio Público para la investigación correspondiente.

También se sugiere realizar auditorías especiales a YPFB Internacional S.A. y Botrading S.A., en los ámbitos financiero, técnico, contable y jurídico.

La Comisión Especial fue conformada el 27 de marzo de 2025 con un mandato de 60 días, bajo la presidencia del diputado José Luis Flores, junto a sus colegas Miriam Martínez y Lidia Tupa, todos del Movimiento al Socialismo; además de Enrique Urquidi y Carlos Alarcón (Comunidad Ciudadana), y Rosa Áñez (Creemos).

Tras diversas entrevistas a autoridades de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, así como analizar documentos adicionales remitidos por la corporación energética, la comisión hizo varias recomendaciones.

La más importante consiste en remitir el informe a la Contraloría General del Estado para que, en caso de confirmar indicios de delitos, se derive el caso al Ministerio Público y se ordenen auditorías forenses integrales.

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