En un comunicado divulgado en redes sociales, los integrantes de la desaparecida guerrilla, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, reconocieron que las sanciones propias son un mandato de la justicia para la paz y también un compromiso ético y político con las víctimas y con el país.

“Asumimos la obligación de cumplirlas de manera efectiva, con acciones restaurativas que aporten a la reconstrucción del tejido social y a la dignidad de quienes sufrieron”, aseveraron los firmantes del documento.

Acotaron no obstante que existen cuestiones pendientes de definición por parte de la JEP.

“Necesitamos claridad sobre la Resolución Única de Conclusiones. La solicitud de unificación de procesos, el alcance de las sanciones y la viabilidad de su cumplimento”, pidieron.

A propósito, recordaron que en octubre de 2024 hicieron pública su asunción como máximos responsables y renunciaron expresamente a la presunción de inocencia en los hechos imputados hasta ese momento.

“Miles de hombres, mujeres que estuvieron bajo nuestro mando y sus familias siguen esperando las garantías jurídicas necesarias como parte del espíritu y la letra del Acuerdo Final de Paz de 2016”, refirieron.

Con respecto a las acciones restaurativas aseguraron que su obligación es dedicar todos los esfuerzos a realizarlas de manera que dignifiquen a las víctimas y ayuden a reconstruir el tejido social roto por la guerra y aportar a la construcción de una Colombia justa y en paz.

“Con estas sanciones refrendamos nuestro compromiso con la verdad, con las víctimas y con Colombia. Este es un paso más en el camino de la reconciliación: cerrar heridas abiertas por más de seis décadas para construir entre todos una paz estable y duradera. Estamos y seguiremos cumpliendo lo pactado”, reza la comunicación.

Más temprano durante esta jornada, por los delitos asociados con la privación de personas, la JEP les impuso a los exguerrilleros ocho años de Sanción Propia, que cumplirán proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario.

De acuerdo con el órgano de justicia transicional, la política de secuestros de las FARC-EP dejó al menos 21 mil 396 hechos victimizantes en el país entre 1993 y 2016.

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