La decisión fue adoptada este jueves tras un asamblea realizada en Riobamba, provincia de Chimborazo, donde participaron dirigentes y decidieron enfrentar el ajuste económico que golpea a los más pobres.
Entre los puntos acordados está exigir la derogatoria del decreto 126 que puso fin al subsidio del diésel, por ser una medida que encarece el transporte, los alimentos y la vida de los ecuatorianos.
Además, rechazaron la criminalización, judicialización y persecución.
Justamente este jueves el presidente Daniel Noboa advirtió en un acto que serán denunciados por terrorismo los líderes gremiales que presionen a comunidades con cortarles el acceso al agua como condición para sumarse a las protestas.
En medio de consignas como “¡Viva el paro!”, el movimiento indígena también se pronunció contra otras iniciativas del Ejecutivo como la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente porque “no resuelve los problemas del país”.
Además, a la decisión de la Conaie se suman la de organizaciones como la la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y a Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) que también se declararon en resistencia.
Los indígenas y campesinos de Ecuador fueron los protagonistas de las históricas movilizaciones ocurridas en 2019 y 2022 contra políticas neoliberales de los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023).
Si bien los dirigentes decidieron ir a un paro nuevamente este año contra Daniel Noboa, serán las bases las que definirán la fecha de inicio y las acciones a realizar.
Según un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciess), el 83 por ciento de los ecuatoriano considera que el aumento del diésel sin subsidio lo impacta negativamente, una percepción que es similar tanto en zonas urbanas como rurales.
Las cifras de la encuesta, sumadas a los anuncios de movilizaciones, reflejan un descontento en la población frente a la medida gubernamental, que el Ejecutivo justifica como un ahorro de mil 100 millones de dólares y parte de un programa de compensaciones temporales para transportistas y agricultores.
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