Una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores considera la medida una «injerencia indebida» y acusa a Washington de justificarla con mentiras, en lo que describió como un nuevo intento de desestabilización.

Según la Cancillería, la acción se inscribe en la aplicación de la Ley Magnitsky, norma que permite sancionar a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos, pero que en este caso –señaló– «desvirtúa su propósito original».

«El Gobierno norteamericano pretende favorecer a quienes organizaron el intento de golpe de Estado de enero de 2023, pero no logrará frenar el trabajo de la justicia brasileña», señala el comunicado oficial, al recordar que varios de los involucrados ya fueron condenados por el STF.

También la cartera evocó declaraciones del senador demócrata James McGovern, uno de los autores de la legislación, quien recientemente advirtió que usar la Ley Magnitsky contra Brasil era vergonzoso y un modo de «minar los esfuerzos del Poder Judicial» para defender las instituciones democráticas.

El contexto político interno añadió tensión al episodio. Este lunes, la Fiscalía General presentó una denuncia contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y contra el creador de contenidos Paulo Figueiredo.

Ambos son señalados de actuar desde el exterior para presionar al Poder Judicial e intentar revertir la condena de 27 años y tres meses de prisión, impuesta al exmandatario ultraderechista por su papel en la intentona golpista.

Entre las medidas divulgadas por Washington se incluyen la suspensión de visados para De Moraes y su familia, la imposición de aranceles de hasta 50 por ciento a productos nacionales y la inclusión del magistrado en la lista de sancionados bajo la Ley Magnitsky.

Para la Cancillería, estas disposiciones “ofenden los 201 años de relación bilateral” y advirtió que Brasil “no aceptará esta nueva agresión contra su soberanía”.

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