Al llegar al tribunal, Villarán fue rodeada por un enjambre de reporteros, cuyas preguntas declinó responder y solo dijo que había esperado el juicio durante muchos años y espera que sirva para llegar a la verdad sobre el caso.

La Fiscalía pide que sea condenada a 29 años de cárcel por los cargos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración, presuntamente cometidos al recibir 11 millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS y la peruana Graña y Montero con fines electorales.

Comparten el banquillo del juicio 18 coacusados, para los que el Ministerio Público pide penas de nueve a 18 años de cárcel, según el nivel de gravedad de su participación en los delitos imputados.

La Fiscalía dice haber obtenido pruebas sólidas de que Villarán recibió esa suma a cambio de contratos de obras viales de envergadura, lo que se conoció en 2019 por confesiones de los empresario brasileños involucrados.

La exalcaldesa mantiene, desde que se conoció el caso, la versión de que recibió el dinero, pero para sus campañas del referendo opositor que pedía su vacancia (destitución), en 2013, y de su reelección, que no logró, en 2014.

Admitió su culpa pero acotó que no cometió delito porque no se benefició personalmente con el dinero, confesión expuesta tiempo atrás ante la prensa, pero que la Fiscalía no valora como atenuante, por no ser una confesión formal.

Entre los acusados figuran el expresidente de la constructora brasileña OAS, José Adelmario Pinheiro, así como exfuncionarios de su administración municipal y otros colaboradores, además de nueve empresas y asociaciones privadas.

El conocido fiscal José Pérez pretende adicionalmente que otras 16 empresas involucradas paguen reparaciones civiles al Estado como co-responsables de lo sucedido.

El caso de Villarán ha sido usado estos años por organizaciones políticas derechistas y medios de prensa afines, para desprestigiar a las fuerzas de izquierda.

Uno de los principales involucrados en el caso Villarán fue su gerente en el municipio, José Miguel Castro, quien trató con las empresas aportantes y administró las contribuciones, y fue hallado muerto, degollado en su casa en junio último, deceso que no se ha esclarecido.

jha/mrs