De acuerdo con el organismo judicial, aunque la interrogante está bien planteada, las reglas no son claras para determinar el tamaño de las circunscripciones de los asambleístas provinciales que participarán de la redacción de la nueva Carta Magna.

Además, el tribunal señaló que “la regulación del método de adjudicación de escaños carece de precisión” y «esta falta de claridad impide establecer con exactitud el tamaño de la Asamblea Constituyente”.

Ante esos cuestionamientos, el máximo tribunal dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “únicamente continúe con el proceso después de que la Presidencia de la República haya subsanado lo requerido, y esta Corte haya constatado y resuelto sobre dichos requerimientos”.

El Gobierno intentó incluir en el referendo del próximo 16 de noviembre la pregunta con la convocatoria a la Constituyente sin pasar por el filtro de la Corte, lo cual generó una ola de cuestionamientos.

Finalmente, el CNE no incluyó el planteamiento en la papeleta hasta tanto el organismo judicial no se pronuncie definitivamente respecto al Decreto Ejecutivo 153, mediante el cual el mandatario insistió en la Constituyente.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional hizo un llamamiento al presidente Noboa a respetar la independencia de la Corte y lo instó a garantizar la seguridad de sus integrantes, así como a utilizar los canales que la Constitución prevé para recoger la voluntad popular.

Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la narrativa del Gobierno de una Constituyente es un distractor frente al golpe económico tras la eliminación del subsidio al diésel.

La oposición encabezada por la Revolución Ciudadana (RC) tildó la propuesta como una distracción en medio de la situación actual del país, con un paro nacional en curso.

Además, la asambleísta de la RC Ana Yela aseguró que el verdadero motivo del Gobierno es dar marcha atrás a todos los derechos que están vigentes en Ecuador y garantizados en la actual Constitución, aprobada en 2008, durante el mandato de Rafael Correa.

“Le mienten al país todos los días: van a retroceder todo lo ganado en derechos, ese es el objetivo. Quieren bajarse todos los pesos y contrapesos del Estado”, dijo Yela ante el Legislativo que consiguió, con su mayoría oficialista, respaldar la iniciativa del gobernante.

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