Solo durante el último fin de semana hubo dos registradas en zonas rurales de La Plata (Huila) y La Macarena (Meta), atribuidas por el Ejército a la presión que ejercen en los pobladores los grupos armados irregularidades con radio de acción en esos territorios.

En el primero de los referidos sitios, cerca de 500 personas impidieron el avance de las tropas, obligaron a los uniformados a subirse en vehículos particulares para que abandonaran el lugar y a otros los retuvieron en contra de su voluntad.

En el segundo, pobladores forcejearon con soldados del Ejército mientras realizaban un operativo para detener a Oliver Lozano, conocido con el alias de ‘Chimbo de Oro’, quien finalmente logró huir gracias a la colaboración de los locales.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tales acciones constituyen delitos graves en los que se emplean a los ciudadanos como escudos humanos y expone a las comunidades a nuevas violencias, entre ellas el reclutamiento forzado.

Unos pocos días antes, en la vereda Mandur, en el sureño departamento de Putumayo, ocurrió otro hecho similar.

En respuesta a la persecución que emprendieron civiles contra uniformados que intentaban ejecutar una operación para contrarrestar la minería ilegal, un soldado le disparó a uno de ellos en un pie.

El titular de Defensa, ante el incremento de tales sucesos, consideró que se analizan varias acciones entre las que se hallan la judicialización de quienes entorpezcan las maniobras castrenses o desconozcan la autoridad de la institución.

Por otra parte, acotó que se realizan valoraciones en torno a la orientación a los militares de establecer un perímetro cuando se sientan amenazados y alertar a quienes los coaccionan acerca de las consecuencias de violar esa zona de seguridad.

“Nuestra Fuerza Pública seguirá avanzando para proteger a nuestras comunidades. Estamos para protegerlas, pero también los invitamos a reflexionar: cuando le cierran las puertas a la Fuerza Pública, se las abren al crimen, a la violencia, al reclutamiento forzado, a la sangre, el dolor y las lágrimas en los territorios”, manifestó Sánchez en torno a los últimos sucesos.

Las asonadas constituyen un tema complejo tanto para quienes buscan hacer cumplir la ley como para los pobladores de las regiones más intrincadas del país.

Si bien el Ejército las atribuye a intimidaciones a la población so pena de ser objeto de desplazamiento forzado y asesinatos selectivos en caso de no acatar las órdenes por parte de grupos armados, el asunto encierra asimismo otras complejidades.

A la problemática se suma que muchas de las comunidades en las que busca intervenir hoy el Ejército no conocen sino formas ilícitas de ganarse la vida que van desde la siembra de coca, la minería ilegal, el contrabando y otras actividades que rozan la ilegalidad.

Dichas formas de subsistencia se deben a la necesidad de paliar la gran pobreza que distingue a la mayoría de esas localidades, de décadas de abandono estatal, de no conocer más autoridad que la de los grupos armados irregulares presentes en el sitio y a las heridas de una larga guerra intestina.

No por gusto, tras una asonada en Guaviare, en la que se logró la liberación de 34 uniformados que permanecieron secuestrados por los pobladores durante cuatro días en el municipio El Retorno, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió no juzgar a los pobladores.

“Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”, pidió la funcionaria.

Tras las más recientes asonadas, el Ejército Nacional de Colombia pidió colaboración.

Hizo un llamado urgente “a las autoridades nacionales, organismos defensores de derechos humanos y a la comunidad internacional, para que acompañen los procesos de verificación, y se solidaricen con las comunidades campesinas que hoy son víctimas de amenaza, manipulación y constreñimiento por parte de estructuras armadas ilegales”.

Por su parte, el ministro de Defensa señaló que “la única salida es cerrar filas contra los grupos criminales, denunciar sus actos y trabajar unidos por la seguridad en el territorio”.

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