El titular precisó este viernes en entrevista con el canal local RTS que la Policía ha detenido a entre “95 y 96” personas en los cuatro primeros días de movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Mientras, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, entidad que llamó al paro, aseveró que la violencia no la ejerce el pueblo en resistencia, la ejerce el Gobierno de Daniel Noboa que manda a reprimir a quienes alzan su voz contra sus políticas de miseria.
El Gobierno considera que las manifestaciones ya no son por el alza del costo del combustible, sino que tienen fines políticos con ánimos de presuntamente desestabilizar la administración de Daniel Noboa.
“No vamos a permitir que generen esta violencia y utilicen al pueblo para que salgan a hacer actos de violencia”, dijo Reimberg que vinculó las movilizaciones con el decomiso de 18 mil galones de diésel, que, según él, “estaban previstos para ser utilizados en delitos de narcotráfico”.
En ese contexto, la Conaie y otros colectivos defensores de derechos humanos reclamaron la liberación de manifestantes detenidos, en particular de 12 personas que las autoridades decidieron trasladar hacia cárceles de Portoviejo y Esmeraldas
“Este traslado ilegal pone en riesgo su vida e integridad. Responsabilizamos al gobierno por cualquier afectación. Doce compañeros kichwas de Otavalo fueron arrancados de sus familias, detenidos de manera arbitraria y trasladados sin debido proceso”, alertó la Conaie luego de una masacre que dejó 17 muertos en una de esas prisiones.
Por otro lado, la Universidad de Cuenca tildó como una “desproporcionada represión policial” las detenciones durante un plantón efectuado en la ciudad sureña de Cuenca, provincia de Azuay, donde los uniformados usaron la fuerza y sus motocicletas para dispersar a los asistentes.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en Ecuador (Cedhu) también denunció un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y llamó a las autoridades a garantizar los derechos de los detenidos.
Mientras los colectivos sociales mantienen la presión contra el gobierno de Daniel Noboa, el mandatario reparte bonos con ayudas, advirtió que no dará marcha atrás con el fin del subsidio al diésel y a quien protagonice desmanes se lo acusará ante la justicia por el delito de terrorismo.
Este viernes continúan las protestas con cierres de carreteras en al menos cuatro provincias.
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