Según De Moraes, el parlamentario se encuentra fuera de Brasil para eludir un posible adeudo legal y evitar la aplicación de la ley.

El descendiente del exmandatario ultraderechista reside en Estados Unidos desde febrero.

Por lo tanto, el magistrado que conoce de la situación determinó que su notificación se realice mediante un aviso público.

En un proceso legal, tal comunicación se utiliza cuando el tribunal no puede localizar a la persona para informarle directamente, por ejemplo, a través de un funcionario judicial.

Al respecto, el edicto se publica en el diario oficial u otro medio autorizado y tiene validez legal como si el destinatario hubiera sido avisado.

Para De Moraes, la medida se adoptó porque el asambleísta aún mantiene una oficina en la Cámara de Diputados y un domicilio en Brasilia, donde reside su familia. Esto significa que podría confirmar digitalmente su conocimiento de la notificación si así lo deseara.

En el caso del otro acusado, el bloguero Paulo Figueiredo, la notificación se realizará mediante una comisión rogatoria, a través de la cooperación internacional.

Junto con Figueiredo, el hijo de Bolsonaro fue imputado el 22 de septiembre por la Fiscalía General de presunta obstrucción a la justicia durante el juicio contra su padre por intento de golpe de Estado tras las elecciones generales de 2022.

Ambos se han reunido con miembros del Gobierno del presidente Donald Trump para solicitar sanciones contra ciudadanos brasileños.

También los dos han publicado videos y publicaciones en redes sociales anunciando sus maniobras y amenazando a las autoridades nacionales.

Los acusados tendrán ahora 15 días para presentar sus defensas antes de que el STF decida si acepta los cargos y abre un proceso penal en su contra.

En sus declaraciones, los dos afirman buscar la amnistía para los condenados por los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, lo que beneficiaría a Bolsonaro padre.

Desde que comenzaron a cabildear en Estados Unidos, además de imponer aranceles adicionales a los productos brasileños, la administración de Trump revocó visas a funcionarios brasileños y aplicó la Ley Magnitsky contra De Moraes.

Recientemente, la esposa del juez se convirtió en blanco de Magnitsky que sanciona a funcionarios extranjeros en todo el mundo por violaciones de derechos humanos o corrupción, autorizando congelamientos de activos y prohibiciones de ingreso a Estados Unidos.

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