La fiscalía, representada por el Fiscal General Lucien René Likulia, solicitó la pena de muerte para el ex jefe de Estado (2001-2019) por traición, crímenes de guerra, organización de una insurrección y conspiración, pues se le considera el instigador intelectual de las acciones cometidas por los rebeldes de la Alianza del Río Congo-Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23).

Los cargos incluyen asesinato, violación, deportación y destrucción que, según la fiscalía, causaron un daño masivo a la República, por lo que el Ministerio Público pide además 20 años de prisión por apología de crímenes de guerra; 15 años de prisión por conspiración, el arresto inmediato del acusado, el embargo de sus bienes y la condena al pago de las costas y prisión.

Las partes civiles, representadas por las provincias afectadas por el conflicto, pidieron una compensación por los daños causados que gira en torno a los 30 mil millones de dólares.

Igualmente cuestionaron la nacionalidad de Kabila, a quien señalan como ruandés, de lo cual podría derivarse la recalificación del delito de traición por el de espionaje.

El juicio, que comenzó en julio de 2025, se realizó en ausencia del expresidente y ha tenido amplia repercusión en la prensa nacional e internacional.

Los partidarios de Kabila denuncian persecución política y acusan al gobierno de poner un montaje para eliminar a una figura influyente de la escena política congoleña.

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