Tras conocerse la víspera el veredicto de la corte, figuras políticas cercanas al exmandatario cuestionaron la decisión por la falta de pruebas que vinculen indudablemente a Kabila con los rebeldes de la Alianza del Río Congo-Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23).
El ex jefe de Estado fue hallado culpable de los delitos de traición, participación en un movimiento insurreccional y crímenes de guerra, pues es considerado el líder de la ofensiva de la AFC/M23 que ha ocupado varios territorios en el este del país.
Sobre el particular, el asesor diplomático de Kabila, Kikaya Bin Karubi, insistió en la falta de evidencias de estos lazos y sostuvo que las visitas a las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur que este realizara, fueron en busca de soluciones al conflicto.
El Frente Común para el Congo (FCC) calificó de “tragicomedia” y de “crónica de un asesinato anunciado” la actual situación, pues es parte de “la restauración de la dictadura y la creciente instrumentalización del sistema judicial y del poder público con fines políticos”, escribió el grupo político.
El secretario permanente del Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), Emmanuel Ramazani Shadary, dijo por su parte a Actualite.CD que se trata de una maniobra política para debilitar a un actor clave en la escena nacional.
“Es una completa broma. Desde el principio, dijimos que se trataba de una decisión política injusta, una farsa de juicio, orquestada por un régimen dictatorial. No se han presentado nuevas pruebas; no nos sorprende”, citó la publicación.
Añadió que fue preparado con tiempo, como sugiere la secuencia de acontecimientos: la retirada de la escolta de Kabila, registros, restricciones de viaje y el levantamiento de sus inmunidades parlamentarias.
“Sabíamos lo que se avecinaba. La clara intención de la dictadura actual es eliminar y neutralizar a un importante actor político que se ha vuelto esencial ante la caótica situación de este país”, agregó.
Consideró que esta decisión podría dividir aún más al pueblo congoleño.
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