Desde el martes último, las agrupaciones de transportistas aseguraron que paralizarán labores en demanda de seguridad ciudadana, por lo que consideran ineficacia de la Policía nacional para protegerlos de la extorsión masiva y los asesinatos, cuyas víctimas se negaron a pagar a los criminales.

El titular de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y del vecino puerto del Callao, Héctor Vargas, aseguró que 250 de las pequeñas y algo informales empresas que atienden el transporte urbano en la capital peruana suspenderán sus servicios.

Uno de los dirigentes advirtió que el segundo paso es exigir que el Gobierno conforme una unidad selecta de policías y fiscales que combata a las organizaciones criminales.

Deberán además, dijo, tomar medidas de prevención porque no confían del común de los policías, y de tanto en tanto deberán someter continuamente al polígrafo a los seleccionados para asegurar su confiabilidad.

Sin embargo, un grupo de empresas consideradas formales se reunieron con el ministro de Transporte, César Sandoval, y acordaron coordinar la atención al citado reclamo y otras demandas y con el titular del Interior, Carlos Malaver, las garantías que tendrán para laborar hoy.

“El 80 por ciento no cree en los paros, cree en el desarrollo del país, cree en el diálogo y cree en la concertación, en el consenso”, dijo el ministro de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval, al ensalzar a los disidentes del paro, empresarios de mayor volumen.

Hasta agosto último, los sicarios de las organizaciones criminales dieron muerte a 65 conductores de autobuses y otros medios de transporte urbano.

La situación de la Policía Nacional y sus problemas de corrupción es tal, que su nuevo comandante general, Óscar Arriola, prometió “limpiar a la Policía” de malos elementos.

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