El análisis realizado por la Misión de Verificación en territorio neogranadino, que abarca desde el 27 de junio hasta el 26 de septiembre, aboga a favor del fortalecimiento de la presencia del Estado, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto.
También defiende la implementación de las disposiciones de garantías de seguridad, como la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, y la continuación de la reforma rural, como puntos críticos para ampliar la protección y las oportunidades de desarrollo para las comunidades.
El secretario general pidió garantizar la seguridad adecuada para el desarrollo seguro de las próximas elecciones como un paso fundamental para la democracia colombiana y en particular para consolidar los avances logrados en el Acuerdo Final de Paz, con el fin de ampliar la participación electoral en las zonas históricamente afectadas por el conflicto.
Reconoció igualmente la emisión de las primeras sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un momento crucial en la implementación del Acuerdo, y por medio de las cuales las partes involucradas se comprometieron a garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves cometidos durante décadas, según remarcó.
“La consolidación de este legado histórico requerirá de visión por parte de la sociedad colombiana en su conjunto, con el fin de garantizar que el país evite repetir ciclos de violencia del pasado”, resaltó.
Apuntó el informe que, desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión ha verificado el asesinato de un total de 481 excombatientes (entre ellos 11 mujeres, 63 indígenas y 58 afrocolombianos), además de 164 intentos de homicidio (17 mujeres) y 57 desapariciones.
Por otra parte, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre el 27 de junio y el 2 de septiembre, ocho mil 700 personas se vieron afectadas por desplazamientos forzados y 41 mil 800 por confinamientos en 30 municipios de 10 departamentos.
El secretario general destacó asimismo los avances en materia de reforma rural, que benefician a campesinos, mujeres y comunidades étnicas, así como en el progreso hacia una mayor seguridad jurídica sobre los terrenos.
“Con el progreso en la adjudicación y formalización de tierras durante el período se alcanza un porcentaje cercano al nueve por ciento del objetivo de la meta de tres millones de hectáreas adjudicadas fijada en el Acuerdo de Paz; y casi la mitad del objetivo de siete millones de hectáreas formalizadas”, apuntó el reporte.
El informe será presentado en la sede de la ONU de Nueva York mañana por el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas designado en Colombia, Miroslav Jenča.
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