En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo, la mandataria subrayó que la Ley vinculada con fondos comunitarios estuvo debidamente formalizada y perfeccionada con la devolución al Congreso.
Calificó de importante explicar que el acuerdo que contiene el veto no es una norma jurídica y por ello no está sujeta a un plazo de vigencia.
En el espacio llamado La Ronda, Herrera profundizó que se trata de un acto de control político, el cual se perfecciona con la devolución, tal y como lo establece la Constitución.
Continuaremos impulsando una ejecución transparente de los recursos públicos para responder a las necesidades de desarrollo local en el país, incluida la salud, educación, e infraestructura, remarcó.
Incluyó además la atención a la primera infancia y el combate a la destrucción infantil, mientras explicó que por ello también están trabajando en una propuesta para ampliar la perfilación de los proyectos.
El Legislativo debió conocerlo y actuar conforme a la Carta Magna, pero 84 diputados, con argucias, argumentos incorrectos y espurios, retorcieron el procedimiento, señaló el Gobierno el pasado martes tras el actuar en el Parlamento.
Dos agrupaciones (el oficial movimiento Semilla y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad) accionaron ya contra normativa que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural emplear, en 2026, fondos no ejecutados este año.
Al menos 305 alcaldes firmaron en septiembre último una misiva y la entregaron al Ejecutivo para que el jefe de Estado firmara la propuesta.
“Debemos contar con presupuestos sólidos, éticos y centrados en el bienestar del pueblo, pero también ejecuciones que nos permitan recobrar la confianza en el Estado”, respondió luego la actual administración.
El analista Luis Linares advirtió que los alcaldes están interesados en el manejo de los recursos, ya que se convirtieron en la principal fuente de corrupción, y el dinero se incrementó enormemente este año, por ello, aseveró, la Ley es un “enorme botín”.
ro/znc
