Al denunciar las enmiendas introducidas por el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, a la ya engorrosa Ley de Transparencia, los denunciantes consideran que la rendición de cuentas y la libertad de prensa están fracturadas.
Las entidades coincidieron en que la medida representa un gran retroceso en materia de acceso a la información pública y pisotea el derecho constitucional del pueblo a estar al tanto de la operación de su gobierno.
Entre las entidades que rechazan el PS-63 están la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), el Overseas Press Club (OPC), Sembrando Sentido, Kilómetro Cero, la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda y Ayuda Legal Puerto Rico.
También el Centro de Periodismo Investigativo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entre otras.
Sus portavoces denunciaron que ninguna de las recomendaciones presentadas por más de una decena de grupos de la sociedad civil fue acogida en el texto del PS-63.
Por el contrario, subrayaron, las enmiendas introducidas por Rivera Schatz, del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), pro anexión, empeoran el acceso a la información pública, obstaculizan la fiscalización ciudadana y debilitan el trabajo de la prensa.
“Sin fiscalización, no hay rendición de cuentas. El pueblo se queda sin los derechos democráticos por los que tanto ha luchado. La Asppro sistemáticamente ha combatido la imposición de normas para el acceso a la información pública y esta vez, no será diferente, pues la transparencia es indispensable”, afirmó su presidenta, Nydia Bauzá.
La legislación duplica los plazos de respuesta de las agencias públicas, al extender de 20 a 40 días laborables el tiempo para atender solicitudes de información.
Además, otorga a los jefes de agencia gubernamentales poder de decidir sobre la divulgación de datos, crea nuevas trabas burocráticas que facilitan el rechazo de solicitudes legítimas, y elimina la posibilidad de requerir información en formatos abiertos como Excel o CSV, limitando así la utilización de datos.
“Cada gasto público y cada contrato del gobierno tienen un impacto directo en nuestras comunidades y en nuestra gente, por lo que debemos aspirar a conocer la información de cómo funciona el gobierno de forma oportuna”, dijo Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido.
Por su parte, la periodista Gloria Ruz Kuilán, presidenta del OPC, expresó que “no hay democracia sin acceso a la información pública; no podemos aceptar que el pueblo y la prensa esperen el doble de tiempo por documentos e información que les pertenecen”.
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