Luego de 24 días de movilizaciones en diversos puntos de la sierra norte del país, principalmente de Imbabura, los dirigentes indígenas presentaron al Ejecutivo, representado por el ministro del Interior, John Reimberg, sus demandas.

Entre ellas están sanción para los responsables de la muerte de manifestantes, apoyo para atender a los heridos, archivo de las causas judiciales contra líderes comunitarios, y el establecimiento de mesas técnicas para atender las necesidades de los pueblos de esa zona.

Además, pidieron la salida de policías y militares que llegaron a esa provincia en los últimos días.

En declaraciones a la prensa, el expresidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, Manuel Catucuango, señaló que “pensando en la población hemos decidido retirarnos a nuestros territorios”, donde se mantendrán en asamblea permanente para dar seguimiento a los acuerdos.

«Si tenemos que levantarnos nuevamente, tendremos que levantarnos», agregó Martha Tuquerres, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi.

Por su parte, el ministro Reimberg afirmó que “se levanta el paro, se abren las vías” y “vamos a trabajar para el abastecimiento de la provincia y atender las necesidades que tiene”.

“Vamos a trabajar en conjunto para que esto no se vuelva a repetir”, somos un país de paz”, añadió el funcionario.

En cuanto al aumento del valor del diésel, motivo que desencadenó las protestas, los dirigentes solicitaron el congelamiento del precio de ese combustible, pero aclararon que no hubo respuesta de Reimberg en ese sentido.

En la reunión de este miércoles no participaron líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que agrupa a miles de miembros de los pueblos originarios y llamó al paro nacional hace casi un mes.

Los acuerdos de hoy llegan luego de que este martes cientos de manifestantes fueran reprimidos por policías y militares, que dejaron dos muertos, decenas de heridos y detenidos.

La administración de Noboa defiende el fin de la subvención con el argumento que es una medida necesaria para contrarrestar el contrabando de combustible hacia zonas fronterizas de Colombia y Perú, y asegura que los recursos se destinarán directamente a grupos necesitados.

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