La Asamblea Legislativa aprobó la norma el 7 de octubre para derogar una iniciativa vigente desde 1998.
La legislación prohíbe la exclusión financiera para personas en noticias o listas internas o con antecedentes relacionados con lavado, y crea el Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos (CIPLAFT).
Ese grupo se encargará de aprobar una estrategia nacional contra el lavado de activos, la prevención del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas, y lo integrarán la Fiscalía General de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo participarán el ministro de Seguridad Pública y Justicia, el ministro de Hacienda, el ministro de Defensa Nacional y el ministro de Economía.
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