Según un comunicado oficial, la institución estatal sugiere llevar adelante esa medida con el objetivo de recoger «la pluralidad de miradas y optimizar la administración de la justicia».

“El TCP entiende que una de las tareas fundamentales que debe llevar adelante el nuevo Órgano Legislativo es impulsar una reforma constitucional capaz de recoger la pluralidad de miradas para optimizar la administración de la justicia en beneficio de los bolivianos”, asegura el documento respecto al Parlamento en el que la derecha ocupa los 36 curules del Senado y 120 de 130 asientes en la Cámara de Diputados.

La iniciativa surge en un contexto en que sectores derechistas expresaron abiertamente el propósito de eliminar el Estado Plurinacional y retornar a la República racista que existió hasta 2009.

Con vista a conquistar protagonismo con esta proposición, el órgano autoprorrogado más allá de su mandato constitucional desde enero de 2024, expresó el compromiso de aportar «de manera proactiva» a los procesos de reforma contemplados por la Constitución.

Afirmó, asimismo, que en el balotaje del domingo el pueblo acudirá a las urnas con la esperanza de encontrar mejores días para el país, un propósito que —según el TCP— requiere voluntad, esfuerzo y trabajo coordinado entre todas las autoridades e instituciones del Estado.

El TCP advirtió que la incertidumbre que atraviesa la población es uno de los mayores desafíos que deberán enfrentar las nuevas autoridades, junto con la necesidad de superar la crisis económica y encarar reformas estructurales en diversos ámbitos, especialmente en el sistema de justicia.

Vísperas del balotaje, Bolivia vive una pugna de poderes tras una conferencia de prensa ofrecida por el autoprorrogado presidente del TCP, Gonzalo Hurtado.

La autoridad acusó a su similar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de quebrar la independencia de poderes y amenazar a la democracia con su denuncia contra cinco integrantes del TCP que permanecen en ese cargo tras cumplir su mandato constitucional en diciembre de 2023.

A tono con este contexto, el Senado aprobó un proyecto de ley impulsado por la senadora Silvia Salame para cesar de sus cargos a los cinco autoprorrogados y encomendar el control constitucional a los cuatro elegidos en los comicios judiciales de 2024.

Salame declaró entrevistada por el canal Abya Yala que los cinco autoprorrogados acusados son desde enero de 2024 delincuentes vulgares que violaron la Constitución, y deben ser desalojados y sometidos a la obediencia por el Ministerio Público a través de la Policía.

arc/jpm