El legislador neoliberal Luis Cordero precisó que, en vista de la extensión de esa modalidad delictiva, los cupos pagados a los chantajistas deben ser considerados como “pérdidas extraordinarias”.

De esa manera, las empresas podrían consignar menos ganancias y pagar menos impuestos, y para ello deberán presentar una declaración jurada del monto pagado a los extorsionadores.

El proyecto establece también que si la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) determina que el contribuyente dio información falsa, será denunciado penalmente.

El experto en materia tributaria Fernando Zegarra declaró que el proyecto de Cordero es inviable y anticonstitucional, porque, de aprobarse, el Estado estaría de alguna manera financiando un delito.

La legislación tributaria peruana solo reconoce como pérdidas extraordinarias los robos, pero a las empresas que no tienen seguro que cubra el rubro y únicamente cuando el delito sea penado judicialmente en última instancia o la Fiscalía haya dictaminado que es imposible ubicar al autor del delito.

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