En un pronunciamiento difundido en Quito, la agrupación calificó las sanciones de Washington como “recrudecidas” bajo la actual administración estadounidense de Donald Trump y denunció lo que describió como una campaña de presiones diplomáticas, financieras y mediáticas contra la isla.
La Acure sostuvo que el cerco constituye “una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos” del pueblo cubano y afirma que sus efectos son “extraterritoriales e ilegales”.
La declaración reprocha además el uso de instrumentos legales como la Ley Helms-Burton para castigar a terceros países y empresas que mantienen relaciones con Cuba.
El documento explica por qué no debe considerarse “embargo”, sino “bloqueo” a la política de sanciones de Washington contra la nación caribeña, que consideran “un acto de guerra en tiempos de paz” e impacta directamente en la salud, la educación y la capacidad de Cuba para acceder a insumos médicos, tecnología y financiamiento.
La Acure alertó también sobre lo que califica como una campaña de desinformación financiada desde Estados Unidos que, según la asociación, pretende “desprestigiar” a la cooperación médica cubana y promover la desobediencia interna.
La Asociación en su declaración hace un llamado a la solidaridad internacional, “a todos los hombres y mujeres de bien a unirse al pueblo cubano en esta lucha contra el genocidio del bloqueo”.
La Acure es una de varias entidades y colectivos en Ecuador que han manifestado su rechazo a las medidas coercitivas contra la isla.
La Asamblea General de Naciones Unidas votará esta semana, por trigésima tercera vez desde 1992, la resolución que demanda el fin del bloqueo, respaldada tradicionalmente por la amplia mayoría de los países miembros.
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