Presentado en el Ministerio Público Federal por el líder del PT en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, el documento indica que el congresista faltó este año a más del 72,5 por ciento de las sesiones de la asamblea y no cumplirá con el mínimo de asistencia exigido por el reglamento interno.

Autoexiliado en Estados Unidos, el descendiente de Bolsonaro considera postularse a la presidencia en 2026 como sucesor de su padre.

En la acción se solicita indagar al diputado por posibles perjuicios al erario público, bajo el argumento de que causa pérdidas (al no trabajar) y continúa recibiendo salario y otros pagos de su mandato, pese a que sus cuentas están congeladas por orden del Supremo Tribunal Federal (STF).

La organización política insiste en inmovilizar su paga y las prestaciones económicas.

Tal continuación de los desembolsos podría constituir, según la petición, enriquecimiento ilícito indirecto y un perjuicio continuo al erario público.

El partido también exige la revocación inmediata del cargo de Eduardo Bolsonaro debido a las ausencias registradas hasta la fecha.

La Constitución prevé la revocación del cargo de un representante que falte a más de un tercio de las sesiones plenarias.

Sin embargo, la Cámara baja dictaminó que el cálculo puede realizarse hasta el 5 de marzo.

De acuerdo con el sitio web de esa asamblea, el congresista solo asistió a 14 de las 51 sesiones celebradas este año. Esto supone 37 ausencias, más del doble del número permitido.

La solicitud afirma que, incluso, si Eduardo Bolsonaro concurre a todas las sesiones restantes en 2025, no podrá alcanzar la tasa mínima de asistencia.

Sería una presencia final, hipotéticamente de 38 de 75 sesiones, un porcentaje insuficiente para alcanzar el mínimo, precisa la demanda.

Con base en este cálculo, el PT argumenta que la opción más adecuada sería que la Cámara baja analizara de inmediato la situación del legislador, declarándolo inhabilitado por ausencias para impedirle seguir recibiendo los pagos.

«La Cámara solo examinará el caso meses después, lo que permitirá el pago de fondos públicos a quienes ya han incurrido en una violación constitucional irreversible», refiere.

Para la bancada del partido, esperar hasta marzo es inconstitucional dado el daño a las arcas públicas.

El análisis es que el hijo del exgobernante ultraderechista, condenado por golpista, no puede seguir recibiendo las retribuciones porque no trabaja.

La demanda está en manos del fiscal general Paulo Gonet, quien decidirá si inicia o no una investigación contra el congresista.

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