En un comunicado, la presidenta del CNE, Ana Hall, declaró inaplicables las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que ordenaron al ente la inscripción de Cálix como candidato por el departamento de Olancho, pese a no residir en esa región en los últimos cinco años, como exige la ley.

Además, el controvertido político participó en los comicios internos y primarios del pasado 9 de marzo como precandidato presidencial por el PL, pero perdió en esa contienda frente a su correligionario Salvador Nasralla, otro motivo para invalidar su postulación al Congreso Nacional (Parlamento).

Hall, representante liberal en el árbitro electoral hondureño, argumentó en su decisión que dar cumplimiento a las disposiciones del TJE colocaría el CNE en una situación límite con la legalidad.

“Esa instrucción bien podría calificarse como prevaricato administrativo, no solamente para quienes giren la orden, sino también para quienes la ejecuten, conociendo los hechos públicos y notorios”, advirtió la consejera presidenta.

Recordó que el artículo 498 del Código Penal sanciona con inhabilitación especial de cinco a 10 años a los funcionarios que emitan resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos, por lo que instruyó avanzar con la impresión de las papeletas electorales de congresistas en Olancho.

Igual suerte corrió Cristhian Villalobos, quien fue postulado por el también derechista Partido Nacional por el departamento de Valle.

La titular del CNE llamó a nacionalistas y liberales a llenar las vacantes existentes en sus planillas, con el fin de garantizar el cumplimiento del cronograma electoral.

El Ministerio Público de Honduras presentó el pasado lunes un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral Mario Flores y Miriam Barahona, por el presunto delito de prevaricato judicial.

La Fiscalía acusó a ambos togados de emitir resoluciones sin la participación del tercer miembro del pleno del TJE, en clara violación de lo establecido en la Ley Electoral y la Constitución de la República.

Flores y Barahona habrían actuado de manera irregular al emitir resoluciones sin la asistencia del tercer miembro del TJE, ordenando al CNE la inscripción de dos ciudadanos (Cálix y Villalobos) como aspirantes a diputados, pese a que el tribunal no estaba debidamente conformado.

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