A través de su cuenta en X, Mejía aludió a recientes grabaciones publicadas por el medio español Diario Red, en alianza con la plataforma Hondurasgate, que contienen supuestas pláticas sobre estructuras de poder político, relaciones internacionales y estrategias de influencia regional.

Los documentos sacan a la luz hipotéticas conversaciones del presidente hondureño, Nasry Asfura, o de su correligionario y exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), en las que aluden a su participación en un plan de Estados Unidos e Israel contra países con gobiernos de izquierda.

El aparente complot busca propagar noticias falsas contra los gobernantes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Claudia Sheinbaum, un extremo negado por autoridades de este país centroamericano, como el titular del Parlamento, Tomás Zambrano, del oficialista Partido Nacional (PN).

“El contenido de esos audios no debe manejarse como una simple controversia política entre “izquierda” y “derecha”, sino como hechos con potencial incidencia en la legalidad, la institucionalidad democrática y la responsabilidad de servidores públicos y particulares”, sostuvo Mejía.

Por ello, debemos exigir al Ministerio Público (Fiscalía) la apertura de una investigación independiente, objetiva, diligente y técnicamente sustentada, con mecanismos de veeduría social, dada la crisis de confianza existente en la institucionalidad encargada de investigar, reclamó el jurista.

También requirió la intervención del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en aquellos aspectos relacionados con posibles amenazas o vulneraciones graves a derechos fundamentales, derivadas del contenido revelado en los comprometedores registros de sonido.

Además de Asfura y Hernández, indultado en diciembre pasado por Donald Trump, tras ser condenado en 2024 por una corte estadounidense a 45 años de cárcel por narcotráfico, los audios involucran a Zambrano, a la vicepresidenta María Antonieta Mejía y a la consejera electoral Cossette López, todos del PN.

En opinión de Mejía, las personas señaladas deberían apartarse temporalmente de cualquier espacio de poder desde el cual puedan “interferir, condicionar o entorpecer” eventuales investigaciones, en resguardo de la imparcialidad y la confianza pública.

Además, indicó que el Congreso Nacional (Parlamento) tiene la obligación de ejercer control político y convocar a rendir explicaciones a las personas mencionadas en las grabaciones, sobre todo a quienes estén vinculadas con instituciones electorales y estructuras estatales.

“De igual forma, el presidente Asfura tiene el deber de ofrecer explicaciones claras, completas y verificables ante la ciudadanía, dado que la rendición de cuentas es un principio esencial en un régimen que se precie democrático”, dijo el también el conocido defensor de los derechos humanos.

Cuestionó que algunos sectores intenten desacreditar el contenido de los audios al calificarlos de falsos, y argumento que materiales de esta naturaleza requieren análisis técnicos, peritajes e investigaciones formales antes de descartar su autenticidad.

“Cuando un material de esta naturaleza circula en medios serios, se supone que fue sometido a mecanismos de verificación y requiere que sea abordado con seriedad por la sociedad”, sentenció el reputado abogado hondureño.

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