La plataforma, establecida hace más de una década, permitía a ciudadanos y medios consultar contratos, adendas, refrendos y pagos del Estado sin necesidad de registro, según el diario La Prensa.

Desde ahora, los usuarios deben registrarse con nombre, cédula y correo electrónico, y solo podrán realizar diez consultas diarias, una medida que ha generado críticas por limitar el principio consagrado en la Ley de Transparencia de 2002.

La institución, bajo la dirección de Anel Flores, justificó la restricción como un refuerzo de seguridad digital tras supuestos intentos de ataques cibernéticos, aunque no presentó evidencia que respalde estos hechos.

Anteriormente, la CGR promovía la plataforma como una herramienta clave para dar seguimiento a pagos de proveedores, refrendos de contratos y programas estatales, asegurando que contribuía a una gestión pública más ágil y transparente.

Los analistas cuestionaron la medida, ya que el acceso limitado obstaculiza el libre seguimiento de la gestión pública, un servicio que antes era gratuito, abierto y sin restricciones de cantidad de consultas.

La decisión genera incertidumbre sobre el futuro del sistema y plantea interrogantes sobre el compromiso de la institución con la transparencia y el derecho ciudadano a la información pública.

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