La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo dispuso la nueva indagación e incluyó en esta a los exmilitares Tobías Huaringa, Nicanor Guerra, Amílcar Gómez y Russel Vela.

Precisó que las pesquisas se prolongarán por ocho meses, lapso en el que buscará elementos que ameriten abrir un juicio penal contra los presuntos autores de los delitos de torturas, asesinato y desaparición forzada, durante el llamado conflicto armado interno (1980-2000)

Las asesinados fueron identificados como Edgardo Isla y Nemer Acuña, uitimados en junio de 1992, y los desaparecidos entre junio y septiempre del mismo año, como Luis Izaguirre, Nelson Hoyos, Hermes Estela y Yander Leandro.

El caso fue revelado por la prensa adversa al político nacionalista en su primera campaña electoral de 2006 y se refiere a violaciones de derechos humanos en la localidad de Madre Mía, de la región andino-amazónica central de Huánuco.

Las averiguaciones dieron lugar a un juicio que llegó hasta la Corte Suprema, instancia que en 2009, bajo el gobierno del neooliberal Alan García, adverso al acusado, declaró el sobreseimiento del proceso contra Humala

Según el Ministerio Público, la nueva investigación se fundamenta en nuevos elementos hallados.

El anunció coincidió con un dictamen de la Corte Suprema de Brasil que declara inválidas las ruebas aportadas por la justicia del país vecino que sirvieron para condenar en abril pasado a Humala y a su esposa, Nadine Heredia, a 16 años de cárcel por lavado de activos con fondos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.

El tribunal supremo de Brasil argumentó que no se ha respetado la cadena de custodia de las pruebas aportadas por Odebrecht a la justicia de esa nación, lo cual implica el cese de la colaboración judicial bilateral que permitió el aporte de las evidencias.

Según el abogado brasileño de Heredia, Leonardo Massud, el fallo que anula el uso de los sistemas informáticos utilizados por Odebrecht para registrar sobornos, que consignan aportes electorales al Partido Nacionalista de Humala, debería aplicarse a los casos del expresidente y su esposa.

Massud agregó que la justicia peruana debería, aunque no es su obligación, tomar en cuenta la decisión de la Corte Suprema brasileña para el caso de Heredia.

El defensor de Humala, Wilfredo Pedraza, pedirá que la nulidad de la condena a su cliente, en virtud de un fallo del Tribunal Constitucional que liberó del cargo de lavado de activos a la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, porque, como Humala, recibió presuntamente aportes electorales antes de que estos fueran considerados delitos.

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