Alvaro García Ortiz, hasta ahora Fiscal General del Estado, fue sentenciado este jueves por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y una multa de siete mil 200 euros por un delito de revelación de datos reservados relacionado con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de Alberto González Amador.
El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tomó nota del dictamen, aunque remarcó en un comunicado que no lo comparte, y que se basó principalmente en el testimonio de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura del opositor Partido Popular (PP).
Dos votos particulares discrepantes aparecen en el fallo del Supremo. El PSOE dijo en su comunicado que García Ortíz destaca por «su compromiso con la ley, con la verdad y con la independencia de las instituciones públicas».
Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), manifestó su perplejidad por la sentencia y lamentó la «judicialización de la política», porque «perjudica a todos».
En tanto, Sumar, aliado principal del PSOE en el Gobierno de coalición, valoró que se trata de un «golpe judicial y la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno».
Opinó que la sentencia es igualmente «un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país», en un juicio basado “en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración».
Directamente desde el Gobierno, se anunció que adelantará el proceso para proponer al relevo de García Ortiz como fiscal general del Estado. Según la Constitución, será nombrado por el rey Felipe VI, con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló que la condena al fiscal general del Estado pone de manifiesto que a Isabel Díaz Ayuso, «no se toca», en un mensaje publicado en la red social X.
La ultraderecha de Vox, apuntó a su turno que la decisión del Supremo es «otro hito más de la vergüenza» que supone el Gobierno y ha pedido elecciones «por dignidad y coherencia».
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