Igualmente, el secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, expresó su preocupación, junto a los portavoces legislativos, senadora María de Lourdes Santiago y diputado Denis Márquez Lebrón, por la utilización de la Isla Nena para maniobras militares después de 22 años en que el pueblo puertorriqueño consiguió la salida de la Armada estadounidense mediante sistemáticas protestas.
Los dirigentes del PIP, que también condenaron las maniobras militares en el Campamento Santiago, en Salinas (sur), enviaron sendas cartas a la gobernante González y al delegado en el Congreso en Washington, Pablo José Hernández, para que frenen las maniobras militares en Puerto Rico.
“En Vieques no hay ningún tipo de maniobras”, dijo González a los periodistas, quien aplaudió la presencia de más de un millar de militares que con su presencia en Puerto Rico inyectan activos a la economía puertorriqueña.
Dalmau Ramírez, Santiago y Márquez Lebrón expresaron su preocupación por maniobras en el aeropuerto de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba (oriente) y el vecino municipio de Naguabo, y en Salinas, que conllevan restricciones en el espacio aéreo que estarán vigentes durante meses.
Los dirigentes del PIP insisten en que el gobierno tiene la obligación de actuar con claridad ante el país y firmeza frente a Washington, donde el presidente Donald Trump mantiene oídos sordos hacia Puerto Rico, bajo el dominio colonial de la nación norteña desde 1898.
Para los dirigentes independentistas resulta inaceptable que, mientras persisten los señalamientos sobre el incumplimiento del gobierno federal con la limpieza ambiental en Vieques, tras seis décadas de bombardeo, surja la posibilidad de que esa isla vuelva a ser considerada para operaciones militares, con el presunto propósito de frenar el narcotráfico de Venezuela.
Esta situación, dijeron, representa una falta de respeto al sacrificio colectivo de la lucha que logró la salida de la Marina en 2003.
Mientras, la gobernadora González acusó al PIP de falsear la realidad, aunque los viequenses aseguran que al menos tres veces a la semana hay explosiones.
En tanto, el comisionado Hernández aseguró que solicitó una aclaración inmediata al Departamento de Guerra de Estados Unidos, porque cualquier indicio de operaciones militares nuevas —ya sea en tierra o en espacio aéreo controlado por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos— requiere una explicación rápida y puntual.
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