Tras su toma de posesión este lunes, el flamante viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García, afirmó que esta pesquisa estará enfocada en los aspectos jurídicos.

De acuerdo con el vicetitular, este comité empezará a recabar toda la información de interés jurídico para el Estado y generará una serie de exámenes en relación con la administración de los recursos de “todos los bolivianos”.

Informó García que se elaborará una lista de “asuntos” que tenga que ver con la cuantía, el monto de los proyectos, el impacto, el resultado, proyectos que fueron resueltos y aquellos paralizados.

“Vamos a trabajar de manera conjunta entre varias instituciones para informar a la ciudadanía qué ha pasado con los recursos de los bolivianos durante todos estos años”, insistió.

El anuncio acerca de la conformación de esta comisión surgió en respuesta a la investigación abierta por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) respecto a un presunto desvío de fondos de cooperación, destinados principalmente a proyectos de agua y riego.

Anticipó el vicetitular que, entre las primeras acciones, la dependencia bajo su mandato solicitará informes detallados a las unidades de transparencia de todas las entidades públicas sobre su labor en las últimas dos décadas.

“Vamos a preguntarles qué han hecho los últimos 20 años, qué han investigado, qué informes han emitido, dónde está la plata de los bolivianos. A partir de ello veremos si esta unidad era de transparencia o de oscuridad”, dijo.

Interrogado respecto a la denuncia de que la ex Unidad de Transparencia impulsaba una pesquisa contra uno de los hijos del expresidente Luis Arce, García aseguró que todas las investigaciones continuarán su curso sin interferencias.

“Como política institucional nosotros vamos a investigar hechos, no personas. Y serán responsables todas las personas partícipes de estos hechos”, precisó.

Al referirse a la relación con el sistema judicial, el viceministro reiteró que el Gobierno busca restablecer la independencia de poderes.

“Se acabó la injerencia. A quién le corresponde administrar justicia es a los jueces, vocales y magistrados. Nosotros estamos para facilitar condiciones administrativas, no para influir en las decisiones jurisdiccionales”, describió.

Anticipó García que serán convocados los colegios departamentales y nacional de abogados, así como entidades vinculadas a la atención de víctimas, cuyo funcionamiento aseguró que está garantizado.

“El Estado no va a dejar en desprotección a ninguna víctima y todos esos servicios los vamos a mantener”, concluyó el vicetitular.

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