La atronadora decisión del STF, que redefine el futuro político y judicial del gigante sudamericano, marca un punto de inflexión histórico y abre un capítulo inédito: un exmandatario brasileño a un paso de iniciar una larga pena por tentativa golpista.

Anunciado tras expirar el plazo para la presentación de los segundos embargos de declaración—recursos a los que la defensa ni siquiera recurrió, el fallo cierra por completo la vía jurídica y coloca a Bolsonaro en el umbral de un encarcelamiento prolongado.

El ministro Alexandre de Moraes, instructor de la causa, entendió que ya no existe margen legal para nuevas maniobras.

Una conclusión que consolida la postura unánime de la corte superior, que previamente rechazó todos los recursos presentados por los abogados del exgobernante y de los demás condenados por el intento de golpe del 8 de enero de 2023.

Mientras la maquinaria judicial avanza, Bolsonaro permanece en la Superintendencia de la Policía Federal (PF) en esta capital desde el 22 de noviembre, tras ser detenido por intentar violar la tobillera electrónica que debía usar durante su arresto domiciliario.

Ese episodio, considerado por la corte como indicio de fuga, terminó de sellar su permanencia en prisión preventiva, ratificada por unanimidad este lunes.

La atención ahora se centra en la próxima orden de De Moraes que sería el decreto de ingreso definitivo en prisión.

El magistrado decidirá si Bolsonaro permanecerá en la sala especial de la PF, donde se encuentra aislado y bajo vigilancia permanente, o si será trasladado a la penitenciaría de máxima seguridad de Papuda, a las afueras de Brasilia.

Sus abogados solicitaron sin éxito que cumpliera la pena en casa por problemas de salud, pero tras el incidente con el monitoreo electrónico, esa posibilidad parece enterrada.

El expresidente fue sancionado por cinco delitos que, juntos, dibujan la arquitectura de un plan fallido: intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, integración en organización criminal armada, daño al patrimonio y atentado contra bienes protegidos.

Con la vía jurídica agotada, Brasil se asoma a un escenario incierto. Entra en una fase decisiva, pues el STF debe formalizar el inicio de la pena y el bolsonarismo (adeptos del excapitán del Ejército) evalúa cómo reorganizar su liderazgo sin su figura central.

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