“La posición del Gobierno es atenerse a las reglas del derecho internacional sin duda alguna”, dijo a la prensa y desestimó la posibilidad de una incursión en la residencia de la embajada de México, país con el que Perú rompió relaciones diplomáticas como reacción al asilo de Chávez. “Conocemos que no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona, por emotividad o porque sea requerida por la justicia peruana”, aseveró.

Dijo también que el mandatario expresó el sentir de la mayoría de los peruanos, al afirmar que “No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano”, y señaló que respondió a una pregunta que planteaba el tema en términos hipotéticos.

El canciller Zela, por su parte, se refirió a la propuesta que llevará a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a raíz del caso Chávez, consistirá en plantear la modificación de los criterios de otorgamiento del asilo diplomático para corregir una “desviación en la aplicación de la Convención de Caracas de 1954”.

La Cancillería ha dejado en suspenso el otorgamiento del salvoconducto que permita el viaje de la ex primera ministra, a la espera del resultado de la gestión en la OEA.

El excanciller Manuel Rodríguez cuestionó que el Gobierno postergue el salvoconducto y lo vincule a la gestión en la OEA que apunta a modificar la citada convención, la cual obliga a los estados firmantes a entregar con celeridad el permiso de viaje.

“En términos procesales y legales, no se puede establecer interrelación alguna entre el asilo concedido por México y un interés de revisar la Convención. Son materias jurídicamente desvinculadas”, señaló Rodríguez.

El Gobierno de Perú plantea que la citada convención obligue al país que conceda el asilo, a solicitar información sobre el asilado, antes de tomar la decisión de otorgarlo, según Zela, para asegurar que no se fundamente en “cuestiones ideológicas”.

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