Durante la discusión en el Senado de la Ley de Presupuesto del Estado para el año próximo, la derecha aprovechó para eliminar las asignaciones a un grupo de centros, lo cual prácticamente equivale a cerrarlos, pues no tienen recursos propios.

El año pasado lo hicieron para todos y luego el gobierno reaccionó y los restableció, pero ahora se trata de algo selectivo, afirmó Marta Cisterna, directora ejecutiva de la Casa Memoria José Domingo Cañas, una de las afectadas por la medida.

También cerraron los gastos del Memorial Estadio Nacional, que funcionó como campo de concentración, tortura y ejecuciones ilegales durante los primeros meses tras el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Salvador Allende.

Otro de ellos es el centro de Pisagua, que comenzó a funcionar el 18 de septiembre de 1973 y llegó a albergar a unos 800 prisioneros, muchos de los cuales fueron torturados, ejecutados y enterrados ilegalmente, sin informar nunca a sus familiares.

La medida financiera también afecta a los archivos de la Fundación Salvador Allende, donde hay documentos valiosos que podrían perderse sin la conservación adecuada.

En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, Cisterna dijo que se trata de una estrategia de la derecha para imponer, en el fondo, el negacionismo de los excesos de la dictadura, esta vez por la vía financiera.

La dirigente de la coordinadora de la Red Nacional de Sitios de Memoria, Karen Cea, afirmó que la derecha le teme a estos lugares porque son una prueba de los crímenes perpetrados por el régimen militar, en complicidad con un sector del cual ellos forman parte.

También somos, agregó, una interpelación permanente desde los testimonios de los chilenos que sufrieron la prisión política y la tortura, y confrontan los relatos de quienes buscan perpetuar la impunidad y negar esos crímenes.

Pensemos, añadió, lo que significa el impacto del hallazgo de la fosa en Pisagua; el Estadio Nacional, primer campo de concentración en el país; José Domingo Cañas, un centro de tortura y exterminio; y el archivo de la Fundación Salvador Allende.

Es un tema ideológico, no financiero, concluyó Cea.

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