La autoridad judicial ordenó también la suspensión de sus salarios y dispuso una custodia inmediata para garantizar que abandonen sus oficinas.

Según la resolución judicial, “la Sala Constitucional Primera concede la tutela solicitada por Sandra Beatriz Aiza Soto y, en consecuencia, dispone de darse curso, en todo caso, a la cesación de la cancelación de los sueldos a los magistrados accionados”.

Asimismo, se instruyó que las autoridades afectadas dejen sus funciones en el TCP, con la intermediación del personal administrativo, además de la presencia de autoridades llamadas por ley para verificar el inventario de bienes bajo su resguardo, tal como fue señalado en la acción popular.

La Sala Constitucional de Potosí instaló la audiencia para tratar la situación de los cinco magistrados autoprorrogados del TCP y de dos prorrogados del Supremo de Justicia (TSJ), cuyos mandatos fueron extendidos mediante un Decreto Constitucional Plurinacional emitido el 11 de diciembre de 2023.

De esa forma, prolongaron hasta este martes el mandato de un sexenio que les confería la Constitución, y que concluía el 2 de enero de 2024.

La acción popular que derivó en este fallo fue presentada por Sandra Beatriz Aiza Soto contra los autoprorrogados Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada; Iván Lima, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Lorena Gallardo.

De manera simultánea, se conoció de otra acción popular resuelta en la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde se determinó la prohibición de ingreso de los cinco autoprorrogados a las instalaciones del TCP.

Igualmente, esa resolución insta a la Policía Boliviana a tomar conocimiento de la disposición y ejecutar su cumplimiento.

Explicó el vocal José Manuel Gutiérrez que, al otorgarse la tutela de la acción popular, se determina de manera inmediata el cese de los magistrados, dejando sin efecto cualquier resolución emitida por estos a partir de la decisión adoptada.

La Sala Constitucional exhortó también a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y al jefe de Estado, Rodrigo Paz, a aprobar, con urgencia, el marco normativo que permita la toma de posesión de los magistrados electos por voto popular en 2024 y cubrir de manera oportuna las acefalías generadas.

Este martes, también se conoció que los magistrados autoprorrogados aprobaron el Auto Constitucional Plurinacional 0087/2025, en el que señalaban que su mandato concluiría diez días después de emitida esa resolución.

Sin embargo, el fallo de la sala del departamento de Potosí ordenó su cese inmediato.

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