La convocatoria no precisa el motivo de la audiencia, pero está dentro del plazo que la corte tiene para anunciar el fallo, una vez que en una sesión, la semana pasada, se realizaron los últimos alegatos y solo falta la sentencia.

El ex jefe de Estado es acusado de los delitos de rebelión, para el que el fiscal ha pedido 34 años de cárcel, o de conspiración, al que corresponderían 19 años de encierro.

El conocido abogado César Nakazaki declaró que para el delito de rebelión solo se comete mediante un alzamiento colectivo armado, lo que no ocurrió y es dudoso que pueda acusarse a Castillo de conspiración porque sus coacusados tampoco tenían armamento.

Comparten el banquillo con penas menores, la ex primera ministra, Betssy Chávez -asilada en la Embajada de México-; el ex titular del Interior, Willy Huerta, y el ex asesor presidencial Aníbal Torres, considerados cómplices por la Fiscalía. Y se postulan sanciones menos drásticas para otros implicados.

Paralelamente, el Congreso de mayoría adversa a Castillo, le impondrá mañana una inhabilitación por diez años para el ejercicio de cargos en el aparato estatal.

La sesión de la Comisión Permanente del Legislativo registró un incidente ayer, en un debate preliminar sobre la inhabilitación, cuando el abogado de Castillo, en tono coloquial y en duros términos, comparó a los parlamentarios con un dúo de cómicos, por lo que fue expulsado.

En su último alegato, Castillo dejó en claro que ninguno de los nombrados estaba al tanto de que aquel 7 de diciembre de 2022 iba a anunciar la disolución del Parlamento radicalmente contrario al Ejecutivo y que ese día iba a intentar por tercera vez vacar (d estituir) al gobernante.

Señaló que tomó la decision sin consultar a nadie y sobre Chávez, quien convocó a la prensa estatal para la difusión del mensaje televisivo en el que iba a lanzar el pronunciamiento, dijo que solo cumplía sus órdenes, sin conocer el motivo la alocución.

En su alegato, Castillo también reiteró el hecho de que, en vez de acatar la disposición de disolver el Congreso, las Fuerzas Arnadas y la Policía Nacional lo arrestaron violando su inmunidad presidencial y que su destitución fue ilegal porque no reunió los 104 votos necesarios para un cese sumario.

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