La sentencia no fue unánime, pues planteó discrepancias uno de los tres jueces, Iván Guerrero, quien se inclinó por una pena de mayor rigor, en una sesión de lectura que se prolongó por varias horas, incluyendo los argumentos del disidente.

La sala determinó por mayoría descartar el delito más grave imputado a Castillo, de rebelión, por su fallido intento de disolver el Parlamento e imponer un gobierno de excepción, el 7 de diciembre de 2022, y optó por la segunda opción de la Fiscaía, la de rebelión.

En menos de dos horas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apresaron al gobernante, quien fue encarcelado y destituido por el Parlamento que, el mismo día, tenía programado su tercer intento de vacar (destituir) a Castillo, también hoy inhabilitado por dos años para el ejercicio de cargos en el Estado.

El tribunal condenó a Castillo por el delito de conspiración para la rebelión, teniendo en cuenta el criterio, coincidente con la mayoría de los juristas, de que solo cometen ese crimen quienes se alzan colectivamente en armas, lo que no ocurrió.

La misma pena impuesta a Castillo aplicaron a quien era su primera ministra, Betssy Chávez -asilada en la Embajada de México- y al exministro del Interior, Willy Huerta, quien no participó en la audiencia al invocar razones de salud.

Tanto Huerta como el entonces primer ministro Aníbal Torres (de 83 años), condenado a seis años y ocho meses de prisión, permanecerán en libertad con restricciones (libertad condicional) si apelan contra el fallo.

Por falta de prueba plena, fue absuelto el general de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, a quien sindicaba por complicidad la Fiscalía.

El juicio se inició el 4 de marzo de 2025, más de dos años después de la caída de Castillo, al parecer por las dificultades del Ministerio Público para determinar el delito por el que iba a acusarlo.

Adicionalmente, el Parlamento programó para la venidera semana un pleno para inhabilitar políticamente a Castillo y a Betssy Chávez.

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