Los asambleístas que serán analizados son Viviana Veloz, Ricardo Patiño, Franklin Samaniego, Luis Fernando Molina, Raúl Chávez y Ana Belén Yela, quienes el pasado 22 de octubre acudieron al hospital pediátrico Baca Ortiz, en Quito, para evaluar la situación de ese centro asistencial.
La gerente del hospital, Frances Fuenmayor, pidió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) procesar a los parlamentarios y disponer medidas de reparación institucional simbólicas que restituyan la honra de la institución y su personal.
Según argumenta Fuenmayor, durante la visita los legisladores de la RC interrumpieron la atención, increparon a médicos, aumentaron el riesgo de pacientes inmunodepresivos y grabaron a niños y adolescentes sin consentimiento expreso.
La presencia de los asambleístas en el Baca Ortiz respondió a que el pasado 19 de octubre, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió denuncias de padres de niños con insuficiencia renal y atrofia muscular espinal, sobre la falta de medicinas e insumos en ese centro.
La legisladora Yela, una de las involucradas, aseveró que el Gobierno busca cambiar el relato en medio de los cuestionamientos por los recortes presupuestarios en sectores sociales.
Lo que quieren es que hablemos de sanciones a asambleístas y no de los recortes a los fondos de las universidades, ni que la salud se cae a pedazos porque le cortaron recursos, afirmó Yela en entrevista este martes con la emisora Radio Pichincha.
El expresidente Rafael Correa, líder de la RC, se pronunció en contra de la investigación activada por el CAL y a través de un mensaje en X aseguró que el proceso forma parte de una persecución política.
“¡Increíble! ¡Ocho años de lo mismo! Ahora los persiguen por visitar hospitales y denunciar su crítica situación. Todo el apoyo a nuestros compañeros. Estamos enfrentando a verdaderos sinvergüenzas”, expresó el exgobernante.
La semana pasada, el Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas alertó sobre “una grave crisis en el sistema público de salud” que pone en riesgo la vida de miles de pacientes.
Según indicaron en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el abastecimiento promedio de fármacos es del 65 por ciento, mientras que en el Ministerio de Salud Pública (MSP), llega apenas al 55 por ciento para medicamentos de alta complejidad.
En medio de las críticas, este lunes el Gobierno prorrogó por otros 30 días la declaratoria de emergencia para la compra de medicamentos e insumos.
La Alianza Nacional por la Salud consideró que entre los problemas del sector está la inestabilidad con los ministros de Salud Pública, cartera que el presidente Daniel Noboa encargó a su vicemandataria, María José Pinto.
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