La acusación del Ministerio Público sostiene que Patty manejó irregularmente más de un millón de bolivianos (unos 143 mil dólares) destinados a proyectos de esa bolsa.

Como resultado, según la fiscalía, sufrieron perjuicio ocho comunidades debido a obras inconclusas y a una ejecución presupuestaria que no coincide con el avance real de esos programas.

A cargo del caso, el fiscal Miguel Cardozo afirmó que la orden se emitió de manera directa ante el riesgo de que la exdiputada escape del país.

Indicó que Patty debe presentarse a declarar y enfrentar la imputación correspondiente.

“La documentación presentada demuestra la existencia de elementos suficientes para establecer que adecuó su conducta a los delitos denunciados”, aseguró en entrevista concedida al canal estatal Bolivia Tv.

Según la denuncia, los proyectos presentan un avance físico del 50 por ciento, mientras que la ejecución presupuestaria supera los 80 puntos porcentuales.

Cardozo insistió en que existe una prueba contundente que vincula a Patty con el uso de los recursos destinados a las comunidades beneficiarias.

La exlegisladora indígena enfrenta cargos por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, además de una alerta migratoria que impide su salida del país.

Según se informó, se desconoce su paradero.

Además de ocupar un escaño como diputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional (2018-2020), Patty fungió brevemente como diplomático durante la gestión del expresidente Luis Arce.

Tras la victoria electoral del MAS en 2020, Patty ganó notoriedad al activar una acusación referida a los sucesos acaecidos tras la firma del decreto supremo 4078 (conocido como de la muerte) 48 horas después de que Jeanine Áñez asumiera la presidencia del Senado y posteriormente del país, sin tener en cuenta a la mayoría parlamentaria del MAS, a la que correspondía legalmente.

La normativa eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales.

Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, con saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego.

Sin embargo, tras el triunfo de la derecha en los comicios generales de agosto del año en curso, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó poner en libertad a Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari, los principales acusados.

Patty es ahora la fichada con orden de búsqueda y captura para proceder a su aprehensión.

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