De acuerdo con el acuerdo suscrito en Bari(Italia) durante recientes sesiones del Comité Ejecutivo de FIP, difundido por los colectivos en las redes sociales, varios sindicatos del istmo libran una dura batalla contra un Ejecutivo que ha judicializado el derecho a la huelga y a la protesta social.

En el texto de la moción se señala que como parte de su estrategia de Gobierno, mantienen detenidos a dos dirigentes sindicales del sector de la construcción(Jaime Caballero y Genaro López).

También señalan que uno de esos directivos(Erasmo Cerrud) se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua y otro (Saúl Méndez) en el exilio, además de más de 180 dirigentes judicializados y más de mil 500 trabajadores despedidos, en la última huelga contra la reforma a la seguridad social, que vulnera derechos a los cotizantes.

La FIP, fundada en 1926, recuerda que el movimiento sindical panameño presentó sendas denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por violación de las normas laborales, la paralización de los trámites de pliegos de peticiones y negociación colectiva.

Además impugnan los intentos de expropiar las cuotas sindicales, el cierre de cuentas bancarias del sindicato de los obreros de la industria de la construcción y personales de sus dirigentes.

De otra parte, señalan la vulneración del derecho de huelga, la suspensión ilegal de los recursos para la educación sindical, la campaña institucional con mensajes estigmatizantes y discriminatorios por parte del presidente(José Raúl Mulino) y de la Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz), así como la judicialización de dirigentes sindicales durante las manifestaciones.

La OIT, en este sentido, incluyó por segunda ocasión a Panamá en la lista de los países que vulneran los derechos laborales, señalado por graves incumplimientos con los trabajadores establecidos en los convenios suscritos con la organización mundial.

En su mensaje, la FIP, que representa a 600 mil profesionales de los medios en 187 sindicatos y asociaciones, recordó además que la primera vez fue en el 2011, tras la represión policial ordenada por el Gobierno de Ricardo Martinelli(2009-2014), que provocó la muerte de dos dirigentes sindicales en la localidad de Changuinola y dejó a 60 trabajadores ciegos y del cual el actual presidente panameño formó parte como ministro de seguridad, responsable de ordenar la conocida masacre de San Félix.

La FIP acordó en ese sentido, coordinar el acompañamiento del movimiento sindical panameño durante su participación en la Conferencia Internacional de la OIT en junio del 2026, donde se abordarán estas denuncias.

También instó al Gobierno panameño a que busque una solución negociada para que cese el acoso y hostigamiento judicial al movimiento sindical y popular, criminalizando los derechos de asociación, sindicalización y a huelga, consagrados en las leyes locales y Convenios internacionales ratificados por esa nación centroamericana.

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