El legislativo debatió en la sesión ordinaria de este martes artículo por artículo después de haberse presentado y aprobado el pasado 4 de diciembre en su primera discusión.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez al presentar la Ley en el hemiciclo indicó que esta asciende a cinco billones 22 mil 978 millones 785 mil 870 bolívares, el equivalente a 19 mil 941 millones 911 mil 965 de dólares al cambio oficial del Banco Central.
Subrayó que el 77,8 por ciento estará destinado a la inversión social para seguir garantizando como prioridad el bienestar del pueblo.
Rodríguez resaltó que el pasado año la inversión social alcanzó el 77,4 por ciento y en el 2025 llegó a 77,6 %, en tanto para el 2026 crecerá ligeramente en 0,2 puntos porcentuales.
Mencionó áreas priorizadas como la infraestructura, educación, la salud, seguridad, vivienda, cultura, comunicación, ciencia y tecnología, entre otros.

El presidente de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas del parlamento, Jesús Farías, manifestó que el presupuesto está adaptado al desarrollo productivo de la nación y elogió que pese a las más de mil medidas coercitivas unilaterales los ingresos de los trabajadores aumentaron al menos un 25 por ciento.
Farías afirmó que el gobierno nacional tiene como prioridad fundamental atender la deuda salarial con los trabajadores.
Manifestó que a pesar del bloqueo el país se ha venido superando de manera progresiva con altísimo sacrificio y trabajo, y destacó en ese sentido el crecimiento sostenido de la economía en los últimos cuatro años en sectores como la industria, la recaudación tributaria y el petróleo.
Al referirse a la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2026, también aprobada por unanimidad, el diputado del Bloque de la Patria afirmó que está ajustada a las realidades y necesidades del Poder Popular.
El vicepresidente primero de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, dio por sancionada la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026 y señaló que será ahora remitida al Ejecutivo para su promulgación, en concordancia con lo establecido en la Constitución.
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