Al anunciar al país el comienzo de diversas actividades para denunciar el organismo fiscal luego de una década de su imposición mediante la aprobación de la Ley Promesa por el Congreso de Estados Unidos, un puñado de activistas se manifestaron en la víspera en el sector bancario capitalino de Hato Rey, donde tiene su sede.

“El gobierno de Estados Unidos con sus cortes y su congreso utilizó como pretexto la crisis fiscal y la corrupción gubernamental para obligar a nuestro pueblo a someterse a la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés).

A juicio de Velázquez, “la corrupción y el saqueo continúan, la crisis se agudiza, mientras los integrantes de la Junta sangran nuestras arcas e implementan políticas de austeridad que empeoran nuestra calidad de vida”.

Refirió que la Ley Promesa fue impuesta el 30 de junio de 2016, mientras que la Junta Supervisión Fiscal quedó constituida el 31 de agosto de 2016.

Entre los problemas generados en perjuicio del pueblo puertorriqueño, de acuerdo con Velázquez, están el desplazamientos en comunidades, falta de seguridad alimentaria, pobres servicios de salud, saqueo de tierras agrícolas y escasez de vivienda, a los que se suman crímenes ambientales y privatizaciones de bienes públicos.

La Jornada se Acabaron las Promesas indicó, además, que la aprobación de las leyes 20 y 22 han convertido a esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde 1898, “en un paraíso fiscal para un grupito de extranjeros que se lucran de manera privilegiada de nuestro país, sin ninguna fiscalización”.

“La deteriorada infraestructura de nuestras escuelas y los recortes presupuestarios a la UPR (Universidad de Puerto Rico) han reducido el acceso a la educación, mientras la Reforma Laboral eliminó protecciones como vacaciones, días de enfermedad y el bono de Navidad”, detalló la organización.

La Jornada se Acabaron las Promesas, resaltó que “la junta de control fiscal y el gobierno colonial destruyeron los sistemas de retiro de los empleados públicos”.

“La crisis energética que confrontamos producto de los contratos corruptos de LUMA Energy y GeneraPR mantienen a la gente en un estado permanente de angustia. Todas estas problemáticas son producto de las políticas de austeridad impuestas por la Junta”, por lo que normalizar este crimen no es una opción.

Afirmó que en estos diez años la JSF ha tenido el rol de la profundizar esta crisis que acorrala a Puerto Rico, para garantizar el cobro a los acreedores de la deuda pública, razón por la cual “nos tiramos a la calle para denunciar los múltiples problemas que enfrentamos”.

“Habrá alguien que encuentre algún logro a través de la Junta, pero en la cotidianidad de la gente vemos a un país en peores condiciones que hace diez años”, apuntó Velázquez.

Puso de relieve que “la emigración ha aumentado, no hay buenos trabajos, las escuelas se están cayendo en pedazos, la salud es un desastre y la seguridad pública vemos como nuestros muchachos se están matando en la calle todos los días”.

La portavoz de la Jornada se Acabaron las Promesas puntualizó que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, podrán tener mil pugnas que no llevan a nada, pero quien toma la decisión final en esta isla es la junta de control fiscal.

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