Durante una entrevista en el programa El Día, recordó que Senasa nació con el propósito de ofrecer servicios de salud a la población dominicana mediante dos regímenes: el contributivo y el subsidiado.
Explicó que el primero implica aportes compartidos entre empleados y empleadores, mientras que el subsidiado beneficia a los sectores más pobres, al estar financiado por el Estado.
El dirigente del partido opositor señaló que desde su creación en 2005 Senasa operó sin inconvenientes, y aseguró que esa situación cambió a partir de 2020, cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió la Presidencia.
De acuerdo con Dantés, desde hace varios años ya se generaban “ruidos” y denuncias de clínicas privadas, las cuales —según dijo— el Gobierno intentó ocultar o justificar con el incremento de afiliados.
Al respecto, el también miembro del Comité Político del PLD señaló que el Colegio Médico Dominicano y la Asociación de Clínicas denunciaron los retrasos en los pagos y las quejas de los pacientes.
Advirtió que el caso Senasa trasciende un simple hecho de corrupción y constituye, además, “un llamativo desprecio por la vida humana”.
Este jueves un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la solicitud de medida de coerción a los acusados de sustraer dinero del Estado mediante el Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para Santiago Hazim, exdirector de Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La semana pasada el presidente Luis Abinader ordenó a Senasa constituirse en actor civil para recuperar el dinero defraudado al Estado.
Este miércoles, la procuradora general de la República, Yeni Berenice, afirmó que es inaceptable que alguien “juegue con la salud de más de siete millones de personas vulnerables”, refiriéndose a los implicados en el desfalco al Senasa.
Aseguró que la investigación avanza y ahora alcanza a médicos y otros profesionales del sector salud.
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