Según el informe, las terminales operadas por el conglomerado CK Hutchison, con base en Hong Kong, sigue siendo punto de mira de Estados Unidos, luego de amenazas del presidente Donald Trump de retomar el control de la vía interoceánica, bajo una supuesta influencia de Beijing, lo que niegan sus autoridades.

El diario La Prensa, que cita una reseña de medio estadounidense The Wall Street Journal, asegura que el girante asiático presiona para que la naviera estatal china Cosco obtenga una participación mayoritaria en el acuerdo liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC), que contempla la compra de más de 40 puertos alrededor del mundo por unos 22 mil 800 millones de dólares.

Aunque Panamá reitera que no hay control de China sobre la ruta, la venta de las operaciones portuarias de CK Hutchison, forma parte de la estrategia de Washington para que ninguna influencia del país asiático esté al menos cerca de la megaobra.

La versión periodística indica que BlackRock y MSC habrían estado dispuestos a considerar la entrada de la naviera china Cosco como socio en igualdad de condiciones, la exigencia de control mayoritario y derechos de veto en la gestión de los puertos habría sido considerada inaceptable por los compradores y también por la Casa Blanca.

Mientras, CK Hutchison continúa operando las terminales mencionadas, a través de Panamá Ports Company (PPC), empresa que enfrenta dos demandas en la Corte Suprema de Justicia(CSJ), interpuestas por la Contraloría General.

El pasado lunes, el contralor Anel Flores explicó al canal de noticias TVN que el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal no beneficiaba al país y eran «leoninos».

Flores señaló que el proceso se encuentra actualmente en el ámbito judicial, luego de que la Contraloría presentara acciones de nulidad e inconstitucionalidad, y precisó que cualquier avance adicional dependerá de las resoluciones que emitan las autoridades correspondientes.

Agregó que la auditoría a la concesión que se concedió para operar los puertos de Balboa y Cristóbal a PPC, no tiene nada que ver con el origen de la compañía CK Hutchison de Hong Kong, sino con el análisis de que fue un contrato que no beneficia al país.

La Contraloría ha reiterado que la concesión otorgada a PPC ha significado pérdidas para el Estado por al menos mil 337 millones de dólares.

El informe de esa inspección publicado en abril reveló irregularidades y condiciones contractuales desventajosas, lo que motivó la presentación de las demandas.

A saber, el contralor presentó la demanda por inconstitucional el pasado 30 de julio, junto con otro recurso en el que solicita la nulidad ante el Supremo, dirigidas al contrato de concesión suscrito entre el Estado y PPC en 1997 durante la administración de Ernesto Pérez Balladares(1994-1997).

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