El líder del PT en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, anunció tal posibilidad en redes sociales, al acusar a la polémica iniciativa de tener vicios procesales y contenido que viola la Constitución.
«La reducción de las penas por delitos contra el Estado Democrático de Derecho es inconstitucional: genera una protección deficiente de la democracia, viola una cláusula arraigada, constituye una regresión prohibida, incentiva nuevos golpes de Estado y rompe el carácter general y abstracto del derecho penal», escribió Farias.
Pese a demoras, la Comisión de Constitución y Justicia y después el pleno del Senado aprobaron la víspera el Proyecto de Ley de Sentencias.
Tal junta senatorial certificó por 17 votos contra siete la iniciativa que reduce correctivos y acelera la progresión de régimen para condenados por delitos contra el Estado Democrático de Derecho.
Más tarde, el pleno del Senado también ratificó por 48 pareceres a 25 el proyecto de ley.
El texto, aprobado por la Cámara baja el 8 de diciembre, fue incluido en la agenda por el timonel de esa asamblea, Davi Alcolumbre.
Tras su aprobación en esa instancia, el contenido será enviado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien podrá sancionarlo o vetarlo, total o parcialmente.
La propuesta impacta de lleno en las condenas derivadas de los actos golpistas del 8 de enero de 2023 y, según cálculos de aliados de Bolsonaro, podría acortar de forma significativa el tiempo de prisión efectiva de los sentenciados, incluido el propio exmandatario ultraderechista.
El relator en el Senado, Esperidião Amin, introdujo cambios para evitar que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados y, al mismo tiempo, cerrar brechas legales que podrían beneficiar a delincuentes comunes.
La progresión acelerada quedó limitada exclusivamente a delitos contra el Estado Democrático de Derecho, en respuesta a críticas de juristas, parlamentarios y sectores de la opinión pública.
Durante la sesión, senadores del PT intentaron postergar la discusión hasta 2026 mediante distintas solicitudes, todas rechazadas. La aprobación frustró así un intento de dilatar el trámite.
Con las nuevas reglas, Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses por tentativa golpista, cumpliría cerca de dos años y cuatro meses en régimen cerrado, considerando también beneficios por estudio y el período de encierro domiciliario.
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