Allí, el Juzgado Federal No. 2 calificó de delito de lesa humanidad el robo de bienes durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), y decretó el procesamiento con prisión preventiva de Sergio San Martín y Jorge Héctor Di Pasquale por el robo de la Torre de Periodistas en Neuquén. El fallo del juez Gustavo Villanueva sienta una importante jurisprudencia en el país, precisa el canal de noticias C5N.

El veredicto procesa a San Martín y Di Pasquale en calidad de “responsables partícipes necesarios de los delitos de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta, en concurso real, conexos como delitos de lesa humanidad, cometidos en perjuicio de la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada de Neuquén”.

Además, el fallo fija embargo sobre sus bienes. Ambos están detenidos actualmente por otras causas de lesa humanidad.

Entre los hechos investigados sobresalen la intervención militar de la Cooperativa el día del golpe de Estado; la usurpación de 23 departamentos del edificio “Torre Periodista I”, distribuidos entre Ejército, Gendarmería, Policía Federal y Marina.

También se investiga la enajenación fraudulenta de terrenos linderos destinados a un centro cultural y cocheras, sin resarcimiento a los socios, y el desplazamiento forzado de autoridades legítimas y designación de un interventor militar para continuar la maniobra.

El fallo del juzgado reconoce que la usurpación de la Torre fue una operación planificada del aparato represivo, integrada al plan criminal de la dictadura, con persecución a periodistas y apropiación ilegal de bienes, lo que habilita su juzgamiento como crimen de lesa humanidad. El abogado de los periodistas que interpusieron la demanda, Mariano Mansilla, declaró a C5N que finalmente se logró un veredicto de enorme trascendencia porque se procesa a los responsables de la ocupación, incluido el gobernador de facto de la provincia de Neuquén, y se establece que se trata de una causa por delitos de lesa humanidad.

El edificio de apartamentos blanco de expoliación pertenecía a la cooperativa de viviendas creada en 1969.

“El caso abre la puerta a investigar la apropiación de bienes. Durante la dictadura los delitos no sólo se circunscribieron a secuestros y torturas: también hubo robo de patrimonios, sobre cuyas fortunas se edificaron muchos de los actuales empresarios argentinos”, señaló el letrado Mansilla.

Mansilla es optimista de que se concrete la restitución de los bienes a sus antiguos propietarios:

Prevé iniciar en febrero la acción civil por la restitución de los departamentos y los daños y perjuicios. «Es muy posible que se materialice a partir de la declaración de lesa humanidad. La acreditación de la ocupación militar allana el camino de una devolución inmediata», consideró.

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