El portavoz de la AFC/M23, Lawrence Kanyuka, en su cuenta en la red social X calificó como “movilizaciones ciudadanas” a las manifestaciones que comenzaron en Uvira el martes 16 de diciembre de 2025, y continuaron en Kamanyola, Goma, Bukavu, Rutshuru, Sake, Kitchanga, Rubaya y Kiwanja.

“La valentía del pueblo de Uvira merece una mención especial. Demostraron una valentía notable al enfrentarse a los ataques de las fuerzas de la coalición del régimen de Kinshasa, cuyo objetivo era dispersar a sus compatriotas que se manifestaban pacíficamente”, sostuvo.

Añadió que la dirección de la AFC/M23 encomia la resiliencia y la determinación de estas poblaciones, “firmemente comprometidas con la paz, la seguridad, la cohesión social y el desarrollo del que disfrutan ahora los congoleños que viven en el territorio liberado”.

Sin embargo, la sociedad civil de la provincia de Kivu Norte, impulsora de la coordinación territorial de Masisi, alertó sobre las consecuencias de estas manifestaciones públicas “forzadas”.

De acuerdo con esta fuente, las concentraciones están causando graves daños a la población civil, pues en localidades como Sake, Kitshanga, Nyabiondo y Rubaya se produjeron incidentes de represión.

En un comunicado divulgado por Actualité.CD. la sociedad civil ejemplificó que una manifestación celebrada el 23 de diciembre en Sake resultó en la detención de aproximadamente un centenar de civiles, entre ellos 29 mujeres y 30 niños.

Además, aseguraron que un niño de 13 años murió durante los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la AFC/M23, indignados por las protestas que denunciaban el carácter coercitivo de estas concentraciones.

Agregaron que varios jóvenes de Sake viven desde entonces en la clandestinidad, buscados por la AFC/M23 por boicotear esta marcha pública impuesta.

La sociedad civil puso otros ejemplos en otras ciudades y exigió el estricto respeto a la dignidad humana, la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles arrestados arbitrariamente, así como el cese de la persecución contra civiles obligados a esconderse.

Igualmente pidieron la apertura de investigaciones exhaustivas para determinar la responsabilidad y garantizar la justicia restaurativa para las víctimas y la prohibición inmediata de todas las actividades que reprimen la libertad, así como cualquier forma de tortura y el cierre inmediato de todos los centros de detención clandestinos repartidos por los territorios ocupados.

También demandaron la prohibición formal del uso forzado de civiles, en particular de jóvenes, para transportar material bélico al frente, una práctica que los pone en grave riesgo durante las hostilidades.

Esta semana el Gobierno de RDC catalogó las marchas en apoyo a los rebeldes como “manipulación política y toma colectiva de rehenes”, e igualmente acusó a la AFC/M23 de forzar a las personas a participar.

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