El titular explicó durante una conferencia de prensa cuáles gravámenes comenzarán a aplicarse en el país y descartó afectaciones a los productos de la canasta familiar, así como a sectores económicos de estratos medios o bajos.

Las medidas, incluidas en un decreto que se expedirá durante esta jornada, “están orientadas a equilibrar la situación fiscal y las finanzas públicas y soportadas en un criterio de total progresividad”, argumentó.

La decisión, a la que calificó como necesaria para garantizar el equilibrio económico de las finanzas públicas, permitirá un recaudó de 11 billones de pesos (cerca de tres mil millones de dólares al cambio actual), según expuso.

El incremento de la tarifa del impuesto al patrimonio, puntualizó, atañe a 102 mil contribuyentes, que son el 0,8 por ciento de la base tributaria del país.

También se aplicará un alza a la sobretasa de las entidades financieras que registran elevados niveles de rentabilidad.

“El sector financiero hoy en día tiene una sobretasa de cinco por ciento y lo que hemos planteado es que esa tarifa se incremente a 15 por ciento. Creemos que hubo unos niveles de utilidad y de beneficios significativos que se han trasladado al aparato financiero y que nos permiten incrementar también en materia de impuesto de renta”, expuso.

Divulgó además otras medidas relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado, particularmente sobre las apuestas y licores, con la aplicación de un gravamen de 19 por ciento para los juegos de azar y en la misma cuantía para aguardiente, ron, whisky, brandy y todas las bebidas que tienen alto contenido alcohólico

El gobierno, acotó, excluyó de esa lista a la cerveza por su alta demanda entre la población.

Se incluyó además un incremento en la tarifa, del 16 a 19 por ciento, en impoconsumo para los productos de lujo como vehículos de alta gama, motos de alto cilindraje y yates.

Entre otras razones, planteó que la decisión responde a la necesidad de invertir en sistemas antidrones que requiere la Fuerza Pública y otros recursos demandados por el escenario electoral, especialmente por el incremento significativo de los riesgos sobre un conjunto de sectores políticos.

La declaración del estado de Emergencia Económica y Social en Colombia, emitida vía decreto presidencial, permite al Gobierno dictar decretos con fuerza de ley en medio de un delicado escenario fiscal.

arc/ifs