La declaración de la AAJ, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y representación permanente ante la ONU, se refiere al Decreto de Necesidad y Urgencia dictado este viernes que implica un empoderamiento de los cuerpos de espionaje sin consultar el Congreso.

“Introduce modificaciones sustanciales, estructurales y permanentes a la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, alterando de modo integral el sistema normativo vigente en una materia especialmente sensible para el sistema democrático”, señala la declaración.

La reforma decretada transforma a los agentes de inteligencia en una “policía secreta”, con capacidad para aprehender personas sin orden judicial, como una suerte de fuerza parapolicial, añade.

A su vez, establece que todas las actividades que se realicen en el ámbito de la inteligencia nacional “revisten carácter encubierto”, y le otorga potestad a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) disponer de personal militar y de fuerzas de seguridad para cumplir tareas de inteligencia, sin requerir que en las solicitudes de colaboración se precise cantidad de efectivos y temporalidad.

En su conjunto, el decreto consolida un esquema de inteligencia centralizado, con amplias facultades discrecionales y con mecanismos de control débil o insuficiente, pudiendo afectar gravemente el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, agrega la AAJ.

Pone a disposición de la SIDE –continúa- una concentración de grandes volúmenes de información sensible, “sin un control judicial efectivo y adecuado”. Asimismo, la ampliación de las facultades de contrainteligencia puede conducir a “prácticas de vigilancia que, aun de manera potencial, pueden inhibir o afectar la libertad civil”.

La AAJ recuerda que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que los DNU “no pueden convertirse en una herramienta ordinaria de legislación”, ni ser utilizados para sustituir al Congreso en materias que requieren deliberación democrática.

Alerta, además, que ampliar los poderes operativos a organismos de inteligencia, sin control parlamentario, incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos, en particular a la libertad personal, la privacidad, la libertad de expresión y la participación política.

En ese sentido, acentúa que el uso de facultades excepcionales de seguridad en contextos democráticos puede derivar en mecanismos de control social y persecución ideológica, especialmente cuando se debilitan los sistemas de control institucional.

La AAJ repudia el DNU por violar la Constitución y los principios republicanos de división de poderes y legalidad democrática.

A su vez, denuncia el grave precedente institucional que implica reformar por decreto integralmente el sistema de inteligencia nacional, en contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y los estándares interamericanos de derechos humanos.

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